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A 4 años de la Alerta de Género, los feminicidios no paran en Edomex

El Edomex fue la primera entidad en la que se decretó una Alerta por Violencia de Género, pero año con año han aumentado los feminicidios. Activistas ponen la lupa en la implementación del mecanismo.
mié 31 julio 2019 05:00 AM
Alerta de Género Edomex
La violencia contra las mujeres es una constante en municipios como Ecatepec, uno de los más poblados del país.

A cuatro años de que se decretó la Alerta por Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, los feminicidios en la entidad han aumentado y está en proceso de revisión si se decreta una segunda alerta, ahora por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, lo que agrupaciones ciudadanas atribuyen a la falta de implementación y evaluación de las medidas ordenadas a los gobiernos federal, estatal y municipal.

La alerta fue solicitada en 2010 por organizaciones civiles y rechazada en 2011 por el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero tras dos juicios de amparo —iniciados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)— el 31 de julio de 2015 finalmente fue reconocida y declarada por la Secretaría de Gobernación (Segob).

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Con esta resolución, el Estado de México, entonces gobernado por el hoy senador priista Eruviel Ávila, se convirtió en el primer estado en tener una alerta por violencia feminicida, que se aplicó en 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Con ello se buscaba garantizar seguridad, igualdad, no violencia y no discriminación contra niñas, adolescentes y mujeres de manera urgente.

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Pese a la declaratoria, los feminicidios en el Edomex han ido en aumento: se registraron 59 víctimas en 2015, otras 59 en 2016, 74 en 2017 y 112 en 2018. Hasta junio de 2019, se han reportado 42.

Además, en junio de 2018 las organizaciones I(dh)eas y Litigio Estratégico en Derechos Humanos e Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), así como tres colectivos de familias de desaparecidos, solicitaron la declaratoria de AVG por desaparición de mujeres en la entidad.

Piden que se decrete el mecanismo de protección en Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca e Ixtapaluca, debido a que concentran 579 casos de desapariciones de niñas y mujeres, 43% del total reportado entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017.

Lee: La polémica por la (no) alerta de género en la CDMX

A más de un año, aún no hay una resolución final sobre la solicitud, pese a que en mayo pasado los demandantes solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar seguimiento al caso.

"Al día de hoy, la última noticia que tenemos es que las expertas entregaron de manera individual sus observaciones pero todavía no se reúnen, y hasta que exista esta reunión se tomará la determinación (sobre) si se cumplieron o no las recomendaciones", afirmó en entrevista Ana Laura Velázquez, abogada de I(dh)eas, quien detalló que el propio reglamento ha alargado el proceso pues no marca lapsos para cada paso. Sin embargo, una vez que se tenga el dictamen de las expertas, en 10 días se dará una resolución final.

Nadia Sierra, directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dijo a Expansión Política que el dictamen del informe presentado por el gobierno del Estado de México se encuentra en la última etapa de revisión por parte del grupo de trabajo y mismo que en dos semanas se reunirá para la validación final y su entrega a la Secretaría de Gobernación y —a través de la Comisión— se dictamine y resuelva sobre si es procedente o no declarar Alerta de Violencia de género.

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La evaluación

En octubre pasado, la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboraron un dictamen que evaluaba los procesos y resultados de la implementación de la AVG.

Los resultados no eran alentadores, pues se reportaba que, de 18 medidas que conformaban la alerta, solo una se había cumplido: la emisión de un decreto administrativo por parte del entonces gobernador, para que las autoridades competentes proporcionaran atención inmediata a víctimas de violencia de género y de desaparición, con base en los criterios internacionales en la materia y en los establecidos en el Protocolo Alba sobre desapariciones de mujeres.

Otras seis no tenían avances:

  1. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco de Datos del Estado de México sobre casos de Violencia contra las Mujeres.
  2. La implementación de mecanismos para otorgar las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.
  3. Establecer mecanismos de supervisión y sanción a funcionarios que violaran la normativa de violencia de género.
  4. Crear Unidades de Género que de manera coordinada operaran en todas las instituciones del gobierno del estado para promover, entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, así como el quehacer público con perspectiva de género.
  5. Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para funcionarios mexiquenses.
  6. Diseñar una estrategia educativa en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género en los centros educativos públicos y privados, que sirviera para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes en situación de violencia.
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La revisión ciudadana

El resto de las medidas solo se había cumplido parcialmente, pero hasta esos avances están puestos en duda. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acusa que el dictamen realizado carece de una metodología que permita medirlos y, ante ello, presentó a inicios de este mes un dictamen ciudadano en la materia, en el que hizo una revisión al análisis presentado por las instancias federales.

Xipatl Contreras Oropeza, quien fue parte del equipo investigación, señaló que no hay ninguna base teórica o metodológica que argumente la evaluación, pese a que así lo propuso la organización.

"Lo que encontramos nosotros fue un desplegado de acciones, no había realmente un documento que pudiera demostrar el avance del Estado de México en el cumplimiento de las medidas", señaló.

Para la investigadora, es sintomático que aun con las deficiencias de la evaluación se reconozca que solo una medida se cumplió. Lamentó "el avance nulo" en temas como la orden de protección a mujeres víctimas de violencia, debido a que es "casi el único recurso legal para prevenir un feminicidio, al interior de los hogares".

Advirtió además de que un punto que no se tocó es analizar la violencia como un problema estructural en el que confluyen "corrupción, omisión, falta de leyes, crimen organizado y trata de personas", lo que genera que no se articulen las medidas entre los tres órdenes de gobierno.

Contreras Oropeza puso énfasis en la impunidad: "Si la única estrategia es que se haga una denuncia y tras ello no pasa absolutamente nada, es claro que va a aumentar la violencia porque los agresores se van a sentir más inmunes a lo que se creían antes".

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Pese a ello, la antropóloga señaló que sí hay avances. Ejemplificó: "Hace cuatro años no había leyes que pudieran atender un caso de feminicidio como tal".

Argumentó que fue a través de la AVG que la sociedad se dio cuenta de que "el escenario era mucho peor de lo que se esperaba: un escenario sin normativa, sin protocolos, sin funcionarios capacitados ni sensibilizados".

Sobre si el aumento de los feminicidios es una muestra del fracaso del mecanismo de seguridad, la experta señaló que una visión de ese tipo "es un completo absurdo", pues lo que hizo la AVG "fue poner a trabajar en un tema que se estaba tratando de evadir".

A su vez, Nadia Sierra, del Conavim, coincidió en que la vigencia de estas medidas ha impactado en "una mayor visibilización del problema latente en torno a la violencia contra las mujeres; ha movido a los aparatos institucionales para reorganizarse y atender a las mujeres que sufren violencia; y, ha generado transformaciones legislativas y de política pública en algunos casos.

Aunque reconoció que aún faltan retos importantes, como es el hecho de involucrar a los municipios en la prevención, atención y sanción de todo tipo de violencia contra las mujeres y permear en un cambio cultural y social que permita ir erradicando estereotipos que aún vulneran los derechos de niñas y mujeres.

Xipatl Contreras apuntó que la implementación del marco normativo puede ser la base para en adelante enfrentar la violencia en contra de las mujeres mexiquenses.

"Ahora es momento de exigir que todo este recurso que ya se invirtió, esos funcionarios que ya están trabajando ahí lo hagan y midan el impacto de lo que están haciendo. Ahora sí están en condiciones normativas de atacar la violencia, las instituciones ya están en mejores condiciones de capacitación y sensibilización para que realmente empiecen a dar resultados, no solo protocolos y palomitas, ahora sí tiene que haber un impacto", concluyó.

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