Antes de ir a las urnas, perfilan que la elección llegará al Tribunal Electoral

Adicionalmente, recuerdan que ambas aspirantes han acusado que el resultado de la elección podría tener intentos de fraude; por un lado, la candidata Claudia Sheinbaum aseguró que hay coacción a los electores, e intento de compra de votos; enfrente, su adversaria Xóchitl Gálvez ha acusado que se realizó una elección de Estado, que ha habido intervención sistemática del presidente Andrés Manuel López Obrador y de autoridades federales, además de gobernadores, la operación de servidores de la nación en todo el territorio y violencia en algunas zonas del país.

“Hay muchas probabilidades para que el frente opositor promueva una nulidad el resultado electoral tal como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012”, sostiene el constitucionalista y experto electoral Jaime Cárdenas Gracia.

“Salvo, no sé, que hubiera alguna decisión de última hora en caso de que la candidata opositora Xóchitl Gálvez pierda la elección. Yo pienso que los dirigentes del PRI y del PAN del PRD, pues van a tratar de buscar algún medio de impugnación del resultado electoral sobre todo si la diferencia entre Gálvez y la candidata de Morena no es muy grande, entonces desde luego que va a haber un intento”, añade el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Otros académicos y expertos electorales, consultados expresamente sobre el día después del proceso, coinciden en que una de las claves será la distancia entre ambas contendientes.

“El margen de victoria en la elección de presidencia va a ser clave para los escenarios de litigiosidad. Si el margen es menor a 5%, va a estar sumamente disputado en tribunales. Prácticamente, la decisión va a estar en la mesa de los magistrados del TEPJF y ahí si vamos a estar en una situación de alto riesgo porque el desaseo del proceso electoral es histórico”, valora el politólogo Said Hernández Quintana, experto de Integralia.

“Nunca, de los años 90 para acá –ya con un sistema electoral más o menos robusto, con deficiencias y problemas, pero mucho más avanzado que el sistema electoral previo a los años 80–, se había tenido un desaseo sistemático como este proceso”, agrega.

Eso explica –indica– por qué la candidata Sheinbaum y el mismo presidente López Obrador “hablan de un golpe de estado técnico o fraude electoral y es una ironía porque son ellos mismos los que han promovido el desaseo de la elección.

“Cuando hacen estas declaraciones, pues uno entiende: claro, se están curando en salud porque ellos mismos saben lo mal que viene el proceso electoral en cuanto a litigiosidad. Y la probabilidad de que se anule es muy alta y justamente porque se están cumpliendo con los extremos que establece la ley para anular la elección”, remarca.

Perfilan litigiosidad

Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), indica que “la impugnabilidad (de la elección presidencial) es altísima” si se considera que desde semanas atrás se han acumulado pruebas firmes de que hubo parcialidad e intervención presidencial en el proceso.

Pero ese escenario se dará siempre y cuando Gálvez pierda el proceso y, además, haya una diferencia de por lo menos 5% o menos de los votos, con relación Sheinbaum.

“Uno de los problemas de los juicios que solicitan la nulidad es la probanza. En 2012, para probar que se había comprado el voto llevaron al Zócalo gallinas chivos… era una probanza muy débil”, dice al recordar las “pruebas” que presentó el entonces candidato presidencial perdedor, López Obrador para asegurar que hubo compra de votos en esa elección.

“Ahora la probanza de que el presidente ha actuado parcialmente y ha provocado inequidad en la competencia no es eso. Son sentencias, son documentales públicas, resoluciones de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) y las sentencias de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que son prueba plena en un litigio”, detalla.

El también investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y de Desarrollo Estratégico de las Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) indica que con esas documentales lo que quedó en evidencia es que “ahora la inequidad ha venido de Palacio Nacional”.

“El presidente López Obrador ha decidido desacatar el mandato constitucional, ha sido denunciado el INE, la mayoría de los casos ha aceptado las denuncias y el Tribunal las han confirmado por lo que ahí es clarísimo que el principal factor de inequidad en este proceso electoral ha sido el Poder Ejecutivo federal, lo cual es realmente muy lamentable”, indica Valdés Zurita

En el mismo sentido opina Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del IFE y del INE, quien indica que no sólo hay medidas cautelares que el mandatario desatendió, sino que persistió de manera sistemática en intervenir en el proceso durante meses.

“Sigue siendo un actor fundamental inclinado a una de las opciones políticas, cuando su papel debería ser el de neutralidad... Lamentablemente no estamos en condiciones de equidad; creo que sí estamos ante una elección del Estado”, insiste y por tanto con probabilidad de que sea llevada al TEPJF.

Programas sociales y violencia

El exconsejero electoral Jaime Cárdenas considera que, si la oposición pierde y la distancia con la morenista Sheinbaum es de 5 puntos, es probable que se acumulen los reclamos en una impugnación, con o sin razón, pero son los temas que están presentes en la opinión pública y podrían alegarse.

“Un motivo quizá sea el uso de los programas sociales, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero no es descartable la idea de que esta elección pueda ser impugnada y ahí reclamando, pues todas estas cosas: la intervención del presidente en las mañaneras en temas electorales; el tema del uso de programas sociales con fines electorales, la violencia en el país sobre la que también puede haber una serie de argumentos, esos son tres, pero puede haber más”, opina.

Pero respecto a la equidad en la contienda la realidad es que las leyes electorales- expone- no prolijan condiciones plenamente equitativas, para empezar porque el financiamiento público no se distribuye de forma igualitaria.

“No fue equitativa la del 2012, no lo fue la del 2016, tal vez la del 2018 tampoco, pero ahí lo que lo que venció a la inequidad electoral pues fue la gran la participación masiva”, considera Cárdenas Gracia, exconsejero electoral e investigador de la UNAM.

Para el también exconsejero del IFE e INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, un elemento que podría estar en controversia es si hubo libertad para ejercer el voto libre.

El argumento de algunos actores –explica– tiene que ver con el hecho de que “en algunas regiones del país no hay condiciones para votar libremente debido a la presencia y por efecto de la violencia y los condicionamientos que hacen algunos actores”.

Está la idea de temor de salir a votar, libremente y que la gente no lo haga y que los resultados electorales no sean los que espera algún sector y esto genere consecuencias. Debe haber algunas regiones del país sin duda en las que la ciudadanía no se sienta libre de salir a votar y debe haber también otras en las que sí.

“Eso pudiera dar pie a que se considere una eventual influencia de la violencia o del crimen organizado en algunas regiones del país. Esa es una situación a analizar al momento de analizar la validez a las elecciones de este año, justo porque debe considerarse si hubo condiciones de voto libre tanto por intervención de entes gubernamentales como por el crimen organizado”.

Pero eso todavía tendrá que verse, si afecta sobre todo al día de la jornada electoral y en su caso si la ciudadanía es intimidada para no salir a votar.

Además está el factor de la instalación de casillas, rubro en el que durante el proceso electoral en algunas comunidades se alertó que no se instalarán, por ese u otros motivos.

Said Hernández, el experto de Integralia, reconoce que si bien la violencia en las casillas es una causal de nulidad, el Tribunal deberá evaluar si eso afectó la votación en algún nivel de elección que sea impugnado: municipal a diputado federal o local, senador o presidencia.

“Es una causal de nulidad si se acredita que hubo coacción del voto con violencia y eso se comprueba que se presentó en el 20% de las casillas. Si es a nivel federal y que se buscara anular la elección presidencial requeriría esa violencia en todo el país”, considera.

“Dado que está desaseado desde origen, si se aplicara la ley tal cual, y no lo digo yo sino todos los expertos electorales, hay una alta probabilidad de anularse por todos estos problemas que ha tenido el proceso desde antes de que iniciara”, indica Hernández Quintana.

¿Puede anularse la elección presidencial?

Existen múltiples precedentes en el TEPJF de que se pueden anular elecciones. Se han anulado elecciones municipales, de diputado federal o local, presidentes municipales y tres elecciones de gubernatura, pero nunca en la historia se ha anulado una elección presidencial.

“Nunca ha habido en México el voto de un magistrado a favor de la nulidad de una elección presidencial. De las cuatro veces que se ha calificado una elección presidencial ningún magistrado, nunca, ha votado por la nulidad”, expone el Magistrado del TEPJF, Felipe de La Mata Pizaña.

“Eso no significa que no pueda ser esta la primera vez o dentro de 12 años, simplemente no ha sucedido, ni siquiera en la elección del 2006. Siempre ha habido una decisión unánime para validar la elección”, expuso en el Tec de Monterrey al dictar la conferencia “Nulidad de la elección presidencial”.

Recordó que con o sin impugnación el TEPJF está obligado, al calificar la elección, a revisar que se cumplieron los principios constitucionales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Además hay causales de nulidad de elecciones en la Constitución, también hay otras en la ley electoral, y el TEPJF ha emitido jurisprudencia en la que determinó otras más.

La vía será la presentación de un Juicio de Inconformidad (JIN) y lo que ha hecho el TEPJF es acumular en un “juicio madre” todos los recursos que planteen la nulidad de una elección desde varios distritos hasta la presidencia.

Pero sobre todo deberá acreditarse que las violaciones fueron determinantes. Y se ha establecido que son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.

También cuando sean nulas las votaciones en por lo menos 25% de las casillas instaladas –en todo el país- y no se hayan corregido en un recuento de votos; cuando no se instale el 25% o más de las casillas en el territorio nacional; o cuando la candidata o candidato ganador de la elección presidencial resulte inelegible.

Las tres nuevas causales de nulidad determinadas en la reforma electoral de 2014 fueron la compra de tiempos en radio y televisión, uso de recursos de procedencia ilícita y el exceso del 5% del tope de gasto de campaña.

Después el TEPJF después tuvo que precisar que para que eso fuera determinante para anular una elección, la diferencia entre primero y segundo lugar tendría que ser corta, de 5%. Pero en 2018 precisó esto con una jurisprudencia en la que aclaró que sí es posible declarar la nulidad de una elección por rebase de tope de gastos de campaña aunque la distancia entre el primero y segundo lugar en votación supere el 5 % de los sufragios.

“Lo principal es que solamente se debe anular una elección en casos extremos, pues la nulidad de una elección es lo más grave que le puede pasar, es la muerte electoral”, resaltó De la Mata.

Por eso el requisito principal será “que se presente la causal de nulidad y que sea determinante, es decir, que sí se hayan afectado los resultados de la elección”.