Lanzan 'alerta democrática' para evitar anomalías en calificación presidencial

Integran ese grupo entre otros Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral; la ex magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís y los exconsejeros Arturo Sánchez Gutiérrez, Marco Antonio Baños, y exfuncionarios electorales como Juan Manuel Herrero y Julio Juárez.

La exmagistrada Alanís recordó que únicamente se dispone de cinco magistraturas de siete que deben integrar ese órgano y la Constitución establece el quórum de cuando menos seis durante la calificación de la elección presidencial.

Además, establece que de ser necesario la vacante debe cubrirse por el magistrado o magistrada de sala regional de mayor antigüedad. Alanís urgió a que sea magistratura electoral y no agraria, civil o de otro carácter, como hay algunas interpretaciones vertidas en medios de comunicación, y que se cubran las dos vacantes y no sólo una.

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“Hay dos vacantes, que se cubran las dos vacantes para que sean siete magistraturas del Tribunal (...) y lo óptimo es ¡que esto se haga ya¡, antes de la jornada electoral”, planteó Alanís, y que no sea la semana previa a la calificación de la elección presidencial.

Expuso que si fueran seis magistraturas se abriría la posibilidad de un empate y la magistrada presidenta tiene voto de calidad, por lo que la decisión de millones de electores recaería en una sola magistrada, escenario que no es deseable.

Aunque la omisión fue del Senado debería integrarse el TEFJF con sus siete magistraturas, “¿por qué no lo hacen de manera transparente y por qué no lo hacen ya? Esa es la alerta”, insistió.

En su relatoría, recordó que durante el proceso electoral el INE emitió 20 medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no se suspendieron las conferencias mañaneras en las que este intervino directamente en los procesos electorales, hizo mención a los partidos, a los candidatos, incluso al principio mencionaba con nombre y apellido a los precandidatas y precandidatos lo cual impactó en la neutralidad y equidad en la contienda electoral y dio como un hecho que ganó una de las abanderadas .

Además de que estas conductas “involucraron la utilización de recursos públicos” y eso ocurrió -sostuvo- en todos los niveles de gobierno.

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Fue por ello que se emitieron 37 resoluciones del TEPJF en las que se ordenó al presidente no intervenir en el proceso electoral –dijo– pero el mandatario “fue quien encabezó la violación constitucional y a las leyes.

“Ha sido reiterada esta violación a las restricciones que impone la Constitución. Y por ende estamos ante incumplimiento constitucional del presidente y de otros servidores públicos”, destacó.

Por eso Alanís recordó que en la calificación de la elección el TEPJF deberá hacer una revisión cuantitativa y cualitativa y en esta valorar “si se pudo ejercer de manera neutral, si el sistema electoral funcionó”.

Además, el Tribunal lleva a cabo un registro de todas las irregularidades que ha cometido el presidente, dijo.

Todo eso debe ponerse en el balance “ y nunca perder de vista que lo que se debe proteger es el voto ciudadano”.

Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral, refirió que este ya fue el proceso electoral más violento de la historia con más de 320 hechos de violencia registrados; 36 precandidatos o candidatos asesinados; 93 personas perdieron la vida en el contexto electoral y varios de ellos eran familiares o parte del equipo de los abanderados.

“Pero la violencia se minimiza o se dice que hay sensacionalismo o se ignora y las autoridades electorales, que no son las responsables de la seguridad y protección de candidatos han procurado protocolos para brindarles protección pero no fueron suficientes y se vio ayer con el asesinato en Coyuca de Benítez, Guerrero” dijo en referencia al abanderado que fue ultimado a tiros ayer en su cierre de campaña y pese a contar con elementos de la Guardia Nacional.

Además de violencia, el grupo “Alerta Democrática” refirió otras problemáticas “además de desmedida violencia electoral, injerencia presidencial; debilidad de la justicia electoral; condiciones de inequidad en los medios de comunicación sobre todo en los del Estado y el ahogamiento financiero de los Organismos Públicos Eletorales Locales (OPLES)”.

Agregaron que persiste la vacancia de 44 magistrados electorales locales y están por vivir una sobrecarga laboral.

Preocupa también, advirtieron, la conducción de las sesiones del INE, donde se han privilegiado las agresiones y discusión entre adversarios antes que la discusión de la toma de decisiones, indicó el exconsejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez.

Recordó que la actual conformación del INE modificó los criterios de fiscalización, de modo que, contrario a lo que marca la ley, se permitió que aspirantes y precandidatos fueran registrados como abanderados aunque no informaran sus gastos para posicionarse.

El también expresidente de la Comisión de Fiscalización del INE recordó que el INE tiene el tiempo encima y deberá fiscalizar en solo 47 días la totalidad de todos los gastos de partidos y candidatos que participarán en la elección de más de 20 mil cargos públicos.

Y la calificación presidencial no se realizará si no hasta que concluya toda la fiscalización de la totalidad del proceso electoral federal y local.

Doce de los 32 OPLES han estado en riego alto o moderado por falta de presupuesto, alertó Patricia McCarthy y eso puso en riesgo su operación, no el financiamiento de los partidos.

Entre ellos señaló como preocupantes los organismos de Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán.

Espinosa Silis indicó que junto con los OPLES hay rezagos importantes en Tribunales Electorales de los estados y hay más de 44 magistrados pendientes de nombrarse, por lo que son cargos vacantes.