La agenda de género de 13 líderes para quien ocupe la silla presidencial en 2024

El diagnóstico es claro y la solución estará –como lo han mostrado encuestas recientes– en manos de una mujer, sin embargo, no es garantía de que en el sexenio 2024-2030 habrá una agenda feminista.

Por ello, 13 líderes de diversos sectores piden al próximo o próxima presidenta reconocer la exclusión en la que, por décadas, han estado las mujeres y colocarlas en el centro de las políticas públicas para atender las desigualdades económicas, poner un alto a la violencia, garantizar los derechos reproductivos, crear un sistema nacional de cuidados y asegurar un futuro digno para las niñas y niños del país.

Aquí la agenda, en voz de las propias autoras.

Propuestas para un futuro saludable

Frida Romay Hidalgo

Jefa de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotrxs

Escribo este texto a 22,779 kilómetros de distancia de México, en Rwinkwavu, una pequeña comunidad en Ruanda. Vine hasta aquí para aprender y compartir conocimientos sobre cómo implementar la medicina social. Dialogar con profesionales sociosanitarios de ocho países me ha dado una perspectiva más amplia.

Después de una reflexión, elegí los siguientes puntos como los torales que debieran ser considerados por quien aspire a ocupar la Presidencia para poder tener un Sistema Nacional de Salud con equidad y justicia social:

1. Con la tecnología y la inteligencia artificial, debiera crearse un sistema de información en salud de fácil acceso.
2. Impulsar una política farmacéutica nacional contra el desabasto de medicamentos.
3. Priorizar que el IMSS Bienestar cuente con todos los recursos para las personas sin seguridad social.
4. Implementar políticas en materia de género con un enfoque interseccional dentro del Sistema Nacional de Salud.

Existen tremendas inequidades por razones de género que han conllevado a que las mujeres se enfrenten a más barreras cuando requieren acceder a servicios de salud, batallen con estigmas sobre ciertas enfermedades o inclusive sean violentadas cuando son atendidas por el personal del sistema.

A la par, las mujeres que trabajamos en el sector salud también nos enfrentamos a múltiples vicisitudes aun cuando representamos poco más del 70% de la fuerza laboral, lo cual no es proporcional al número de posiciones de liderazgo que ocupamos: sólo el 25%. También es relevante que haya protocolos en caso de violencia de género, con mecanismos claros de denuncia y seguimiento, y una política de tolerancia cero a la violencia.

Cuando se hagan políticas en salud es importante identificar las inequidades a las que se enfrentan las mujeres. Deberían indignarnos las profundas diferencias entre una mujer que pertenece a los deciles con más capacidad económica de la Benito Juárez, en la Ciudad de México, y una mujer-trans migrante que vive en Tapachula, Chiapas. Esas diferencias son evitables. Solo poniendo en el centro a los grupos en mayor vulnerabilidad es como lograremos tener un Sistema de Salud que se convierta en un motor de desarrollo para nuestro país. Sin Salud no hay futuro, y las mexicanas nos imaginamos un futuro en el que quepan muchos mundos.

Niñez y adolescencia en el futuro de México

Tania Ramírez

Directora ejecutiva de REDIM

México entrará en 2024 en un cambio de paradigma que puede –y debe– abrir puertas a nuevas formas de hacer y entender la política. Por ejemplo: muchas de las madres de quienes lean estas líneas nacieron en un México en el que no podían votar y, sin embargo, este año podrán hacerlo para colocar a una mujer en la silla presidencial. Imaginar y vivir futuros que puedan cambiar en pocas generaciones deberá ser un motor para crear un país distinto para los más de 38 millones de seres humanos que tienen entre 0 y 18 años, pues:

• Dos de cada cinco de las niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza o con carencia en el acceso a servicios de salud
• Una de cada cinco presenta carencias en el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad
• Una de cada ocho está en situación de trabajo infantil
• Una de cada 10 presenta rezago educativo

Además de los retos estructurales que deberá enfrentar quien ocupe la Presidencia, un presente marcado por la violencia deberá ser atendido con urgencia. Niñas, niños y adolescentes que pierden la vida por homicidios (más de 2 mil en 2023) o los 75 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes tan sólo en el pasado año son parte de un escenario más que desafiante, inadmisible.

Otras preocupaciones crecientes están en el reclutamiento forzado de niñez y adolescencias por parte de grupos delincuenciales o del crimen organizado, las extorsiones, desapariciones o la trata. En este contexto, lo que vive la niñez migrante es quizá todavía más adverso para quienes están aquí no acompañada. Aunque dentro de los hogares tampoco parece haber certezas, pues las violencias doméstica, física y sexual siguen siendo el escenario de un presente de dolor y obstáculos a su desarrollo.

Afortunadamente hay rutas de salida: la Convención sobre los Derechos del Niño es un faro, especialmente en 2024 que México entra en revisión por su cumplimiento. El cuidado y fortalecimiento del Sipinna, no entendido como “oficina extra” sino como sistema de protección que coordina la política de niñez, será clave. Y en el centro de todo, la participación de las propias niñas y niños es, no sólo un deber, sino una luz.

Agenda de derechos sexuales y reproductivos

Friné Salguero

Directora general del ILSB

En pleno siglo XXI es más fácil ver en las redes sociales imágenes de maltrato animal o armas de fuego, que la imagen de un pezón; es más fácil de hablar con nuestros hijes o alumnes sobre los horrores del mundo, que de educación sexual, anticonceptivos y placer. Lo anterior es sintomático
de una sociedad donde la sexualidad sigue siendo un tabú, que incluso representa mecanismos de control sobre algunos cuerpos.

Si bien hemos tenido avances normativos importantes, seguimos sin poder garantizar a la mayoría de las y los jóvenes de 0 aspectos tan fundamentales como su derecho a la identidad sexual, acceso a los servicios de salud especializados o incluso, participar en el diseño de las políticas públicas en materia de sexualidad y reproducción que les conciernen directamente.

La deuda pendiente en esta agenda sigue acumulando efectos y repercusiones importantes. Según datos actuales, México es el país número uno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ocurrencia de embarazos de mujeres de entre 15 y 19 años, siendo esta una de las principales causas de deserción escolar, entre otros datos que permiten conocer el contexto en el que viven las y los jóvenes del país.

Aunado a esto, en 2023 implementamos una encuesta sobre sexualidad en adolescentes de secundaria 4 a lo largo del país. Algunos de los resultados arrojaron que la mitad de las y los adolescentes encuestados tenían dudas sobre sexualidad y, a su vez, casi la mitad tenía vergüenza o miedo de preguntarlas. Un porcentaje similar mencionó que, cuando deciden preguntar sus dudas, no encuentran respuestas satisfactorias en sus padres, docentes o amistades (que tampoco cuentan con información).

Después de exponer algunos de los efectos de no contar con la garantía efectiva de estos derechos, la agenda debería ser bastante intuitiva. Sin embargo, en aras de colocar las demandas de las juventudes con quienes colaboramos, codmpartimos 8 puntos que las candidatas y el candidato a la Presidencia deberían contemplar urgentemente y con presupuesto etiquetado:

1. Diseño implementación y acceso universal para las juventudes a servicios de salud sexual reproductiva en los centros de salud públicos del Estado.
2. Fortalecer y ampliar los servicios amigables, donde se brinde información laica, científica y desde un enfoque de derechos humanos.
3. Difundir campañas informativas de EIS y rutas claras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
4. Garantizar el abastecimiento y la distribución gratuita de una amplia gama de métodos anticonceptivos.
5. Garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en los servicios de salud.
6. Promover la corresponsabilidad a través de la participación equitativa de hombres y mujeres en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva.
7. Capacitar a funcionarios del sector salud y educativo en EIS y la correcta provisión de servicios de SSyR.
8. Brindar en espacios formales e informales de los sectores educativos y de salud formación sobre EIS para la población en general.

Finalmente, destacamos la urgencia de incorporar cuatro enfoques indispensables en el diseño e implementación de las políticas públicas que aseguren los puntos mencionados: de género, interseccionalidad, interculturalidad y de juventudes. Su inclusión no sólo promueve la integralidad de los derechos humanos, sino que posibilita la construcción de cambios estructurales, sistémicos y transformativos capaces de responder a las necesidades diferenciadas de todas, todos y todes.

Violencia Contra las Mujeres

Wendy Figueroa Morales

Psicóloga feminista y directora general de la Red Nacional de Refugios

Es prioritario que las mujeres seamos reconocidas como sujetas de derecho y ciudadanas que deben estar al centro de las políticas públicas y los presupuestos, sólo así, el Estado mexicano podrá garantizar la dignidad humana y cumplir con sus compromisos adquiridos a través de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Las desigualdades sociales y económicas están directamente relacionadas con los altos índices de violencia contra las mujeres, siendo urgente dejar de pensar la violencia de género aislada de la desigualdad entre hombres y mujeres, que coloca a las mujeres en relaciones de subordinación y dependencia en complicidad con estructuras institucionales y normativas que perpetúan y potencializan las relaciones desiguales de poder.

La próxima presidenta debe considerar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, indispensable para impulsar la autonomía de las mujeres y prevenir las violencias machistas contra ellas. Debe priorizar el principio de protección a la vida, dignidad, integridad, libertad y seguridad de las mujeres, por ende, su derecho a vivir libres de violencia, siendo esencial etiquetar fondos garantes, progresivosy plurianuales para los programas que previenen feminicidios.

Políticas para la infancia

Maripina Menéndez

Directora de Save the Children

La próxima persona presidenta de México tendrá la gran oportunidad de priorizar uno de los intereses más trascendentales que tiene una nación: proteger y cuidar a las niñas y niños. Representan cerca de un tercio de la población en el país; tienen derecho a ocupar un lugar más destacado dentro de la agenda política y acceder a condiciones de vida que les garanticen un presente y un futuro dignos.

Hay que redoblar esfuerzos para lograr un Estado más eficiente en la provisión de los bienes y servicios públicos que las niñas y niños necesitan, como un Sistema Nacional de Cuidados, que garantice su bienestar, así como un reparto más equitativo de los cuidados entre la familia, la comunidad, sector público y privado.

Cobertura de salud para la niñez eliminando los obstáculos que representan la fragmentación del sistema de salud y las condiciones socioeconómicas, así como un programa de bienestar social para los hogares en pobreza multidimensional, incluyendo acceso a alimentación suficiente y de calidad.

Se propone crear la Línea Niñ@ para que reporten, de manera ágil, amigable y con acceso a soluciones de protección, situaciones de violencia y riesgo que enfrentan, un sistema educativo que provea entornos y condiciones para el aprendizaje autónomo y el desarrollo óptimo de sus potencialidades.

También programas para protección a niñas y niños en situación de alta vulnerabilidad, como niñez en movilidad, trabajo infantil, familias jornaleras agrícolas, entre otros, así como consolidar el acceso a los bienes y servicios e intervenciones de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia.

Toda persona que prometa para nuestro país bienestar, desarrollo, paz y justicia social debe tener claro que para que esto sea una realidad, es indispensable que cada niña y niño pueda ejercer plenamente sus derechos. A la ciudadanía nos corresponde exigirlo y vigilar que suceda.

Mismo trabajo, misma paga

Viri Ríos

Politóloga, analista y autora del libro No es normal

Si nos guiáramos por los datos, el eslogan de Morena no debería ser ‘Primero los pobres’, sino ‘Primero las pobres’ porque en México la pobreza es más femenina. Mientras que el 17% de las mujeres ocupadas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, sólo el 10% de los hombres los tienen [i].

Las mujeres son más pobres que los hombres porque por el mismo trabajo reciben menos paga, pero, sobre todo, porque con mayor frecuencia tienen que comenzar a dedicar mucho de su tiempo al trabajo no remunerado de cuidados y del hogar [ii]. Así, la desigualdad salarial en México no se gesta sólo en el género, sino, sobre todo, en la maternidad.

Es por ello que resolver la desigualdad salarial que aqueja a las mujeres requiere una agenda que articule varias aristas. Desde ampliar y mejorar la calidad de las guarderías y centros de cuidado existentes, sobre todo, para quienes laboran en la informalidad, hasta extender los horarios de las guarderías y las escuelas. Es importante también promover el trabajo desde casa que la regulación actual ha desincentivado. Desarrollar una política de vivienda que permita que las trabajadoras vivan cerca de donde trabajan para facilitar su incorporación al trabajo pagado. Además, se deberá mejorar la orientación vocacional a las mujeres para que estas no tiendan a escoger profesiones de menores salarios de lo esperado.

Las políticas del nuevo sexenio, incluso, podrían ir más lejos. Considero que México tiene el potencial para convertirse no sólo en un país con un sistema de cuidados públicos, sino en el proveedor de cuidados privados para adultos del mundo. De la misma manera en la que México desarrolló una industria turística de clase mundial, nuestro país podría favorecer el crecimiento de servicios de vivienda asistida para extranjeros y locales deseosos de cuidados básicos, enfermería y atención médica.

[i] ITLP-Coneval (3T-2023); [ii] Aguilar-Gomez, S. et al. (2019) ‘Inside the black box of child penalties: Unpaid work and household structure’, Working paper.

El cuidado es un trabajo imprescindible

Ana Heatley Tejada

Excoordinadora de Género y Datos de Oxfam México

Vivimos una coyuntura histórica donde los viejos esquemas se atrincheran frente a una oleada de nuevas necesidades y posibilidades. Tenemos en la puerta una crisis climática devastadora, una crisis de cuidados que se desborda y un envejecimiento poblacional para el que este país no está preparado. Y convivimos con paradigmas económicos de consumismo que no evolucionan, una organización social del cuidado sostenida por las mujeres y sistemas de protección social diseñados para los años 50.

Frente a esto, la llegada de mujeres a las cimas de decisión política no podía ser más oportuna. ¿Por qué? Porque, históricamente, ellas han tenido la experiencia y los saberes clave para enfrentar estas crisis y asegurar el bienestar de las comunidades. No es que las mujeres sean intrínsecamente buenas personas (o cuidadoras), es que alguien tenía que hacer ese trabajo para que las sociedades funcionen, y el patriarcado les asignó ese rol vital, aunque poco reconocido y remunerado. Como algo tenía que ceder y los cuidados son imprescindibles, las mujeres y sus derechos quedaron postergados o aplastados entre la espada del sistema y la pared para sostener la vida.

Garantizar el cuidado con equidad de género implica rediseñar las instituciones sociales: el mercado laboral, los sistemas públicos de cuidados o protección social y las familias. Los cambios van a ocurrir irremediablemente porque la carga ya rebasa lo que las mujeres pueden y desean asumir. Y también porque la tecnología y la inteligencia artificial pueden sustituir muchas cosas, pero no los cuidados. Si no se toma el megáfono hoy y se convence a la opinión pública de que los hombres tienen derecho y responsabilidad de cuidar, y de que los gobiernos y, sobretodo, el mercado laboral deben ser corresponsables en permitir, proveer y financiar el cuidado, vamos a tener una crisis social que le costará las elecciones a cualquier partido.

¿Hacia dónde avanzar? A consolidar las lecciones de la pandemia siguiendo las 5R del cuidado: reconocer que el cuidado es un trabajo imprescindible (no un rol de género); reducir la carga de cuidados de las mujeres y redistribuir promoviendo la corresponsabilidad de hombres, mercado laboral, Estado y comunidades; remunerar o recompensar a las personas que cuidan protegiendo su bienestar y sus derechos, y representar políticamente las necesidades de las personas cuidadoras. Este no es un asunto de mujeres, sólo es un asunto en el que las mujeres somos expertas.

En búsqueda de los desaparecidos

Cecilia Patricia Flores Armenta

Líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora

El llamado es a que no olviden el tema de los desaparecidos. No solamente hay una madre que dejaron muerta en vida, sino que hay huérfanos con la necesidad de volver a ver a sus padres. Para las autoridades, las cifras son dolorosas porque manchamos el nombre de ellos, de su trabajo, que ellos dicen que están trabajando para mejorar el país, y con lo que nosotros hacemos, visibilizamos que no es verdad lo que ellos dicen. Ya sabemos la magnitud del problema que tenemos en desapariciones, pero también sabemos que si no luchamos nosotras por encontrar a nuestros hijos, nunca los vamos a encontrar.

Si las candidatas y el candidato nos buscan, vamos a acudir a ellos. Si ellos no nos buscan, no. Nosotros estamos en la búsqueda de nuestros desaparecidos, hacemos un trabajo que no nos corresponde. Necesitamos que las autoridades hagan el suyo.

Violencia feminicida

​​María De la Luz Estrada

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

México ha tenido importantes avances en los derechos de las mujeres, en específico, en marcos legales y políticas públicas para atender la problemática de la violencia. Sin embargo, la violencia feminicida sigue siendo un problema de larga data; a pesar de los importantes avances en el reconocimiento de la discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, se siguen reproduciendo los estereotipos que refuerzan la sumisión de estas en el siglo XXI.

Según datos oficiales (INEGI), a partir de 2008, la tasa de homicidios y los registros de víctimas mujeres se elevaron en 33%, en el contexto de la implementación de las políticas de militarización de la seguridad pública. De 2015 a 2023, los asesinatos se han mantenido en más de 3,000 víctimas anuales en todo el país. Lo anterior significa que, en México, cada día son asesinadas 10 mujeres.

La violencia feminicida es un desafío y los nuevos gobiernos tienen que dar propuestas contundentes para atender un problema que continúa siendo grave. Algunos de los desafíos son: contar con registros claros de la magnitud de las violencias graves contra las mujeres, pues existen grandes deficiencias en los registros de feminicidios, la violencia sexual y las desapariciones de mujeres, en donde no hay claridad del número de víctimas que son encontradas con vida y las que se encuentran asesinadas.

Eficientar los mecanismos de protección para evitar que las violencias se agudicen. A la fecha, han sido decretadas 25 alertas de violencia de género en 22 estados del país, a pesar de esto, su implementación sigue siendo un proceso burocrático. Como es la solicitud por desaparición de mujeres para el estado de Veracruz, la cual tardó dos años en terminarse y hasta el momento no ha sido publicada su resolución.

La resistencia y la falta de perspectiva de las fiscalías y jueces para investigar y juzgar los delitos contra las mujeres. De acuerdo a cifras documentadas, menos del 25% de los feminicidios tienen una sentencia condenatoria, lo que significa que, en México, la impunidad en los delitos de feminicidio es del 76%.

Además, las autoridades tienen la obligación de investigar con debida diligencia y con perspectiva de género acorde con mecanismos internacionales (...) y en caso de que no sea así, encauzar dichas investigaciones, de tal forma que se permita el acceso a la verdad histórica a las víctimas indirectas, así como el acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Seguridad vial

Areli Carreón

Fundadora de Bicitekas A.C. y Coalición Movilidad Segura

Las labores que sostienen la vida familiar en México están sobre los hombros de las mujeres. Entre ellos, los viajes de cuidado para dotar de alimentos a los hogares, resolver necesidades domésticas, acercar a cada integrante a los servicios para el goce pleno de sus derechos, que se hacen, en su inmensa mayoría, por o en compañía de mujeres. Esos viajes a la escuela, al mercado, a la clínica, al trabajo son inseguros para ellas por la incertidumbre de los servicios de transporte, el riesgo de acoso o violencia sexual, de asaltos y por el peligro de sufrir un siniestro de tránsito; que, año tras año, aparece entre las principales causas de muerte de niñas, niños y jóvenes hasta los 29 años en nuestro país.

No es aceptable que sólo por salir de su casa las mexicanas estemos en riesgo. Desde hace 10 años, la sociedad civil organizada como Coalición Movilidad Segura ha trabajado para poner en el debate público la inaceptabilidad de la muerte y las lesiones graves por siniestros de tránsito, logrando el reconocimiento en nuestra Constitución del derecho de todas las personas a transitar por el territorio nacional en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Trabajando de forma colaborativa y apartidista, las más de 113 organizaciones integrantes de la coalición logramos el consenso para aprobar, de forma unánime, en el Senado y la Cámara de Diputados, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México. El reto para la próxima presidenta es cumplir con la ley y hacer lo que corresponda para hacer realidad el anhelo de las mujeres para que ellas y sus familias puedan moverse cada hora, cada día, en cada calle, ciudad y carretera de México sin temor a morir en el intento.

Derecho de las Trabajadoras del Hogar

Marcelina Bautista

Activista y defensora de los derechos de las personas trabajadoras del hogar

En México, la situación de las personas trabajadoras del hogar ha mejorado en los últimos años debido a cambios en la legislación laboral que buscan garantizar sus derechos. En 2021, México ratificó el Convenio 189 de la OIT, que establece estándares internacionales para el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, aún existen desafíos significativos en cuanto a la informalidad, la falta de acceso a seguridad social y la discriminación en el ámbito laboral.

Al tercer trimestre de 2023, en México había 2,485,193 personas trabajadoras del hogar, de las cuales 2,239,518 son mujeres (90%) y 245,675, hombres, y en temas de seguridad social, hasta el 6 de febrero de 2024, hay 64,639 personas trabajadoras del hogar inscritas al programa de incorporación de personas trabajadoras del hogar al Seguro Social. Esto sólo representa apenas el 2.6% del total de la población de personas trabajadoras del hogar.

Como presidenta, usted tiene el poder y la responsabilidad de promover políticas y programas que promuevan la equidad y la dignidad en el ámbito laboral del hogar. Confío en su compromiso con la justicia social y en su capacidad para hacer una diferencia positiva en la vida de estas trabajadoras tan valiosas que su principal tarea es el trabajo de cuidados.

Le insto a que tome medidas decisivas para garantizar que las trabajadoras del hogar en México sean tratadas con el respeto y la dignidad que merecen. Nuestro país será más fuerte y más justo cuando todas las personas, independientemente de su ocupación, sean tratadas con igualdad y justicia.

Derechos reproductivos

Rebeca Ramos

Directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

En los últimos años, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en México como parte de la Marea Verde, una movilización regional latinoamericana sin precedentes, ha impulsado cambios significativos en el reconocimiento del aborto voluntario como una necesidad básica de salud de las personas con capacidad de gestar, como mujeres, hombres trans y personas no binarias.

Este impulso ha tenido formas diversas: a través del acompañamiento de abortos autogestivos, con movilizaciones en el espacio público donde se porta el pañuelo verde como símbolo de exigencia, participando en procesos legislativos que han logrado la despenalización del aborto en 12 entidades federativas, con la presentación de demandas de amparo, como el litigado por GIRE y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció la inconstitucionalidad del delito de aborto a nivel federal en nuestro país.

A partir de esa sentencia de la Corte, no sólo se ordenó al Congreso de la Unión la derogación del delito a nivel federal, con lo que se elimina el obstáculo legal para que las instituciones federales de salud, que tienen una cobertura de más de la mitad de la población del país, provean servicios de aborto seguro. En este ámbito, existe un reto enorme que hoy día corresponde al Poder Ejecutivo federal y que, sin lugar a duda, corresponderá atender a la próxima presidenta del país. La falta de acceso a servicios de aborto seguro en México representa diversas afectaciones en la vida de las personas, mismas que se relacionan con las barreras en el ejercicio de otros derechos, como a la salud, a la autonomía, a la integridad física y al libre desarrollo de la personalidad. Esto se traduce en una discriminación estructural, lo que significa que ciertos grupos de la sociedad han sido, sistemática e históricamente, excluidos del reconocimiento y goce de sus derechos por su sexo, clase social, nacionalidad, edad, identidad de género o etnia, lo que derivaen una situación sistémica de injusticia.

No podemos obviar que la falta de servicios integrales de salud reproductiva en México tiene impactos fundamentales en la vida de las personas, afectando a la comunidad, a la ciudadanía y a la democracia.

El acceso a servicios de aborto legal, seguro y de calidad en México es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, que reconozca el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a tomar decisiones sobre su vida reproductiva. Así, el aborto debe dejar de ser considerado un delito para entenderse como una necesidad esencial de salud vinculada, de manera estrecha, con el reconocimiento y ejercicio de una ciudadanía plena de todas aquellas personas con capacidad de embarazarse.

Escuelas de tiempo completo

Fernanda Domínguez

Coordinadora de Educación del IMCO

Desde 2018, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se desmanteló gradualmente tras dos décadas en operación. Este programa no sólo fue una política educativa exitosa que benefició a 3.6 millones de estudiantes durante su último año de operación, sino que también fue un valioso instrumento de inclusión laboral para las mujeres en todo el país.

Su fin significó un retroceso no sólo para millones de niños que asistían a clases extracurriculares y recibían alimentos, sino también para aquellas mujeres con hijos que participan en el mercado laboral, quienes se beneficiaron de las jornadas escolares ampliadas. Aunque hoy hay 12% más mujeres que hombres estudiando una licenciatura, al ingresar al mercado laboral, esta tendencia no se refleja; mientras que 76% de los hombres participan en el mercado laboral, sólo 46% de las mujeres lo hacen.

Las mujeres enfrentan una carga desproporcionada de responsabilidades del hogar y de cuidados y, de acuerdo con el INEGI, dedican 2.5 veces más horas a la semana que los hombres a los quehaceres del hogar. Esta distribución desigual de tareas limita el tiempo y la energía que las mujeres pueden dedicar al desarrollo de sus carreras profesionales.

Atender la inequitativa asignación de responsabilidades implica un proceso gradual que demanda modificaciones en el ámbito social y cultural. Para agilizar este proceso, es fundamental que la política pública sea un aliado de las mujeres y que, a través de ella, se encuentren mecanismos para brindar apoyo y liberar tiempo para que puedan dedicarlo a oportunidades económicas.

En este contexto, hay evidencia de que el PETC contribuyó a abordar esta inequidad y liberar tiempo valioso para las mujeres trabajadoras.

Reinstaurar un programa de jornadas escolares extendidas es un componente esencial y un paso para adelante hacia un Sistema Nacional de Cuidados eficiente.

Para las candidatas, este programa debe ser central en sus propuestas, ya que pueden atender dos grandes pendientes. Además, de acuerdo con el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, para los estados, costaría tan sólo entre 0.5 y 5% de su presupuesto anual dedicado a la educación.

El PETC evidenció la conexión entre la educación, los cuidados, la inclusión laboral y la igualdad de género. Su reactivación beneficiaría el aprovechamiento educativo para los estudiantes más vulnerables y fungiría como un mecanismo para respaldar el desarrollo profesional de las mujeres. Por eso, para la próxima presidenta, reavivar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo sería una política de doble impacto.

NOTA DEL EDITOR: Algunos de los textos forman parte de la edición de la revista de Expansión de marzo, la cual puedes consultar en su versión digital aquí y también en puestos de revistas.

Con información de Lidia Arista, Mariel Ibarra, Shelma Navarrete, Ariadna Ortega y Dulce Soto.