En la Cámara de Diputados, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) cuentan con los votos suficientes para aprobar las cuatro propuestas. Para avalar reformas constitucionales se requieren al menos 334 votos, considerando la asistencia total de los 500 legisladores, mientras que la coalición oficialista suma 364 curules.
Sin embargo, las iniciativas puede sufrir modificaciones durante la discusión legislativa. La diputada de Morena Olga Sánchez Cordero adelantó que presentará reservas para evitar que la revocación de mandato coincida con elecciones federales o locales. También planteará ajustes para corregir contradicciones en los artículos relacionados con la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y para establecer una renovación escalonada del Tribunal de Disciplina.
Por su parte, el PT anunció que impulsará cambios a la reforma sobre injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, promovente de la iniciativa, aseguró que está abierto a modificaciones luego de las críticas por la ambigüedad del texto y la falta de precisión sobre los supuestos que constituirían intervención extranjera en procesos electorales.
Cambios en elección judicial avanzan en San Lázaro
En medio de críticas, señalamientos por los casos de Chihuahua y Sonora, y de cara a las elecciones intermedias de 2027, la Cámara de Diputados ya aprobó una serie de cambios constitucionales relacionados con la elección judicial.
La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplaza a 2028 las elecciones judiciales previstas para 2027 y reduce el número de candidatos por cargo: ya no serán tres, sino dos.
Además, homologa los criterios de evaluación de aspirantes mediante la creación de una Comisión integrada por quienes coordinan los Comités de Evaluación. Este órgano verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, además de definir criterios y metodologías para la selección de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.
La iniciativa también restituye las dos salas de la Corte, ahora bajo la denominación de “secciones”, con el objetivo de “gestionar de manera más eficiente las cargas de trabajo”.
Asimismo, establece que la revocación de mandato coincidirá con las jornadas electorales federales o locales y dispone que el Tribunal de Disciplina, además de investigar y sancionar a juzgadores, evalúe su desempeño y participe en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Una de las principales críticas de la oposición fue que Morena incorporó “de manera mañosa” la revocación de mandato a la iniciativa para permitir que la consulta coincida con futuros procesos electorales, como los de 2030 o 2033.
Esto ocurre después de que, en marzo pasado, el Senado rechazó una propuesta similar de la presidenta Claudia Sheinbaum que planteaba realizar la revocación de mandato durante las elecciones de 2027. Diputados de oposición señalaron entonces que dicha medida contravenía la legislación vigente.
“La revocación de mandato nació como un mecanismo excepcional de evaluación ciudadana al ejercicio del poder, no como una extensión de las campañas ni como una herramienta para arrastrar participación o contaminar otros procesos democráticos”, afirmó la emecista Iraís Reyes de la Torre. Otra de las críticas opositoras fue que la reforma tiene un carácter “centralista”.
