La conclusión es que para los diputados locales fortalecer los mecanismos de fiscalización no es una prioridad, expone el politólogo Leonardo Valdés Zurita, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE).
“El Plan B de reforma dice: 'las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no excederá el 0.70% del presupuesto de gasto estatal'. Dice, 'legislaturas locales', pero ¿le van a recortar solo a los congresos locales o también a los órganos de fiscalización?” cuestiona.
Esto sería viable pues en el gasto de los Poderes Legislativos aparece integrado el dedicado a los Congresos y a los ASE, por lo que a su juicio las consecuencias posibles del Plan B podrían ser dos: se debilitarán aún más los Poderes Legislativos Locales y de paso la fiscalización a los estados.
“Entonces no solamente los órganos legislativos van a ser menos fuertes, tendrán menos capacidades para hacer su trabajo, sino también los órganos de fiscalización. Y eso quiere decir: no quiero que me revises las cuentas. Quiero que me revises light, no tan a fondo”, dice el politólogo.
Presiones a los auditores vía presupuesto
La asignación de recursos por parte de los Congresos a los órganos de fiscalización puede convertirse también en un mecanismos de presión hacia quienes revisan el ejercicio del gasto, advierte la politóloga Adriana Báez Carlos, investigadora y catedrática de la UNAM.
“Habría que ver en qué áreas recortan el presupuesto los congresos, si les bajan los salarios a todos y si reducen los cuerpos técnicos de apoyo a los legisladores, si reducen el presupuesto del área de la auditoría o dónde se hacen los ajustes”, señala.
Es la correlación de fuerzas políticas, añade, es la que determina qué tanto estos organismos ejercen su papel de contrapeso o no.
“Normalmente cuando la persona auditora es nombrada por las mismas mayorías que gobiernan, pues van a procurar no dañar o respaldar la figura de su gobernante.
“Cuando los poderes quedan en un mismo partido, pues se anulan. Los contrapesos se anulan”.
Otros factores que determinan el nivel de autonomía con la que de desempeñan las Auditorias Estatales es qué partido recayó la designación de la persona que encabeza la auditoría o quién nombró al fiscalizador.
