El último cambio avalado y en la madrugada fue la reforma que crear filtros para evitar que personas relacionadas con el crimen organizado lleguen a las candidaturas para un cargo de elección popular.
Sin embargo, los partidos de oposición sostuvieron que con esta reforma, Morena busca “controlar” qué candidatos palomear y a quienes rechazar.
Estas modificaciones son a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos, las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez serán enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles.
Las autoridades federales determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso.
Posteriormente, los partidos políticos determinarán la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatos.
Revocación de mandato y elecciones federales
Otros cambios avalados fueron a la Constitución para establecer que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional con lo que no podrán coincidir ni con elecciones intermedias ni en presidenciales.
Este cambio fue reprochado por la oposición al sostener que la presidenta Claudia Sheinbaum estará haciendo campaña para los jueces y magistrados a “modo”. Ello porque la revocación se realizará en 2028, que será el mismo año que se elijan a juzgadores.
“Lo que pretenden hacer hoy con esta reforma, lo único que va hacer es incrementar el control político del Poder Judicial para seguir defendiendo a sus narcopolíticos”, dijo la Verónica Rodríguez.
También aprobaron homologar los criterios de evaluación de aspirantes mediante la creación de una Comisión integrada por quienes coordinan los Comités de Evaluación. Este órgano verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, además de definir criterios y metodologías para la selección de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.
Restituye las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora bajo la denominación de “secciones”, con el objetivo de “gestionar de manera más eficiente las cargas de trabajo”, y da mayor tiempo para preparar el proceso electoral, pues la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al proceso electoral.
En la reforma se implanta que el Tribunal de Disciplina no solo investigue y sancione a juzgadores, sino que además evalúe su desempeño y participe en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Entre las críticas que señalaron los partidos de oposición en contra de esta modificación fue que Morena quiere “corregir con un parche” la reforma judicial avalada en 2024.
“Hoy desde Palacio Nacional se intenta corregir el propio desastre que ustedes generaron con un parche, con el parche que hoy discutimos y que en el fondo es un reconocimiento implícito del fracaso de la mal llamada reforma judicial”, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
El senador priista Rolando Rodrigo Zapata Bello, comentó que si una reforma necesita ser “remendada con tanta rapidez”, quedó demostrado que el modelo original “fracaso”. Dijo que esta reforma representa ocurrencias, improvisación e improvisación sobre la marcha.
