Los legisladores del PRI estuvieron en contra de esta reforma al considerar que la iniciativa parte de un diagnostico incorrecto y omite el origen del problema, ya que sostuvieron que de 2018 a 2025 el Estado mexicano dejó de invertir “donde debía”.
El exgobernador y ahora senador Rodrigo Zapata Bello señaló deficiencias en la iniciativa presidencial: “disimula” obligaciones financieras con propósitos “poco claros”; debilita la disciplina fiscal al permitir compromisos sin suficiencia presupuestaria; ignora el deterioro de seguridad como condicionante de la inversión, y concentra poder y reduce contrapesos.
“México necesita inversión, sí; México necesita infraestructura, también, y que bueno que el gobierno lo reconozca, pero lo que más necesita es la confianza, y la confianza no se decreta, sino se construye con reglas claras, transparencia y Estado de Derecho”, señaló el priista.
En tanto, el panista Raymundo Bolaños comentó que la iniciativa permitirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice a las dependencias y entidades a que inicien los procedimientos de contratación sin contar con el suficiente presupuesto debido, lo que, enfatizó, rompe el principio básico de responsabilidad hacendaria.
“Primero debe existir el recurso y después se puede gastar (…) Esta minuta significa acumulación de más deuda y mayor presión sobre las finanzas públicas”, declaró el senador.
La propuesta avalada con 23 votos a favor, cinco en contra y 0 abstenciones establece que los recursos destinados a estas inversiones vendrá de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que según la exposición de motivos de la reforma, administran hasta ahora 6 billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos.
Actualmente, entre 8 y 9% de estos recursos se invierte en infraestructura a través CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y CERPIs (Certificados de Proyectos de inversión), cuando el límite regulatorio permite hasta 30%.
Esta reforma también establece un marco legal para permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y el social para proyectos de inversión directa, indirecta o mixta en proyectos de infraestructura estratégica.
Crea la figura de “vehículos de Propósito Específico”, la cual se podrá constituir a través de fideicomisos públicos, privados o mandatos para permitir generar una coordinación efectiva con los sectores privado y social.
