El "Plan B" electoral de Sheinbaum llega al Senado: en qué consiste el proyecto de la presidenta

Reformas en estados y municipios

Las reformas se justifican como una forma de reducir "privilegios" y fomentar una mayor "participación ciudadana".

Regidurías. Se propone que los municipios tengan un mínimo de tres y un máximo de 15 regidurías. Actualmente, en ciudades con gran población, como Monterrey, algunas pueden contar con hasta 28 regidurías.

Sindicaturas. Cada municipio tendría solo una sindicatura, mientras que algunos, como Ecatepec, cuentan hoy con hasta tres por la dimensión de su población.

Presupuesto de los Congresos locales. Se plantea establecer un límite al presupuesto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad.

En los estados con un presupuesto igual o inferior al 0.7%, no se podrán autorizar aumentos presupuestarios para 2026, y este sólo incrementará conforme a la inflación anual.

Tampoco se podrán aprobar ampliaciones prespuestarias, transferencias, reasignaciones, adecuaciones prespuesstarias o cualquier otro mecanismos para incrementar sus recursos por encima del límite establecido.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró que los ahorros derivados de estas reformas se destinarán a proyectos de infraestructura pública en los estados.

Reducción de salarios

Un aspecto clave de la iniciativa es la propuesta de reducción salarial para altos funcionarios, incluyendo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y a los magistrados de los tribunales electorales locales. No se incluye a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En este sentido, ningún funcionario podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum y se busca eliminar beneficios adicionales como bonos y seguros de gastos médicos.

Además, el Senado experimentará una reducción progresiva de su presupuesto en los próximos cuatro años, con el objetivo de lograr un recorte acumulado del 15% respecto al presupuesto de 2026. Especifica que la reducción presupuestaria no afectará los derechos laborales de los trabajadores de la Cámara alta.

Revocación de mandato

La reforma también propone modificar la fecha de la consulta de revocación de mandato presidencial. Se podrá solicitar una sola vez durante los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno, es decir, a partir de enero de 2027.

Si se realiza la solicitud, la próxima consulta se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, coincidiendo con las elecciones intermedias de 2027, cuando se elija a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Se plantea que la persona sujeta a revocación -en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum- podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor, y proponen restricciones para evitar el uso de recursos públicos en la recolección de firmas y en la promoción de la consulta.

Durante los 60 días previos a la consulta, se suspenderá la difusión de propaganda gubernamental en los medios, según la propuesta.

Estos son las primeras tres cambios que presenta la mandataria federal, pues aun falta que envíe sus reformas a leyes secundarias.

Otros cambios

Cómputo de votos. Se propone que los cómputos distritales de las elecciones federales y locales comiencen el mismo día de la elección, en cuanto se reciba el primer paquete de boletas, para evitar manipulaciones en el conteo de votos.

Fiscalización de recursos. Las autoridades electorales podrán colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para supervisar los recursos utilizados en las campañas electorales. Además, se emplearán tecnologías avanzadas para rastrear el origen y destino de los fondos.

Transparencia en los partidos políticos. Los partidos estarán obligados a transparentar las remuneraciones de sus dirigentes y se establecerán límites salariales, fijándolos en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), para que no superen lo que gana la presidenta Sheinbaum. También se prohibirán los recursos de origen extranjero o en efectivo para financiar campañas.

Elecciones judiciales

En cuanto a las elecciones judiciales, la reforma mantiene la fecha actual para junio de 2027. Sin embargo, se reduciría el número de candidatos en las boletas a dos (un hombre y una mujer) por comité y se les daría más tiempo para las entrevistas. En las elecciones de 2024, las entrevistas fueron de solo 5 minutos.

Este "Plan B" es solo una primera parte de las reformas, una vez aprobadas las modificaciones constitucionales, se enviarán otras propuestas al Senado para su discusión y aprobación.