El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Salud para prohibir y sancionar con multa y prisión a quien comercialice, traslade o venda vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Las sanciones serán de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 2,000 Unidades de Medica y Actualización (UMA), unos 226 mil pesos al día de hoy, pero ante la polémica que suscitó, Morena promovió modificaciones, vía reservas, para que quien porte un vapeador o lo use, no sea penalizado.
La minuta con los cambios fue enviada al Senado, luego de que se aprobara con 324 votos en favor y 129 en contra en lo general, en tanto que tras cinco horas y media de debate se avaló en lo particulcon 292 votos en pro y 163 en contra.
A finales de 2024, el Congreso incorporó a la Constitución la prohibición de los vapeadores en todo el territorio nacional; las reformas que hoy se aprobaron son a la ley secundaria, para establecer sanciones y regular esa y otras materias.
Por ejemplo, se aprobó la prohibición de la publicidad o propaganda para promover el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.
Entre los temas que están en las 35 modificaciones a la ley está la prohibición de la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, así como el uso ilícito del fentanilo.
Se incorpora también la facultad a la Secretaría de Salud para realizar contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de alta tecnología y otros insumos para la salud.
Además se da personalidad jurídica propia y se incluye a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) al sistema de salud y se establecen nuevas disposiciones para disponer de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, a definir por el Comité Técnico del mismo fondo.
La iniciativa de reforma fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre y fue dictaminada a fines de noviembre, con votos de Morena y sus aliados, pero con la advertencia opositora de que se criminalizará a los usuarios de vapeadores.
El artículo de la polémica es el número 282 Quater, que dice: “queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.
A quien viole esas disposiciones se le sancionará con multa y cárcel, por eso, según Movimiento Ciudadano )MC), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) al incluir que será castigada la “adquisición” se prestará a la criminalización de los consumidores.
Ese apartado generó la inconformidad del Partido del Trabajo (PT), que en voz de la diputada Margarita García amagó con votar en contra si no había modificaciones.
La propuesta de cambios fue explicada por el diputado Ricardo Monreal, lider de los morenistas, quien admitió que no había claridad y por eso las modificaciones "son clave".
”Como está ahorita la disposición que puede prestarse a confusión y que el artículo 456 Bis establece las penas de prisión y las multas para aquel que adquiera y sin esta precisión (que sea adquisición para fines de comercialización) pudiera interpretarse que hasta para el que consuma o el que tenga en posesión.
"Por eso, estamos clarificando este régimen sancionador, que quede estrictamente limitado a quienes participan en el negocio de los vapeadores y no a las personas usuarias”, explicó Monreal.
También se agregó que "se exceptúa de la prohibición (de vapeadores) su consumo y posesión".
El propósito de la reforma -dijo- es penalizar la actividad económica que tiene por objeto producirlos, distribuirlos, importarlos y comercializarlos, no a quien consuma cigarrillos electrónicos o vapeadores.
Horas antes, sin proponerse aún ese cambio, la oposición repudió que se vulnere el derecho al libre desarrollo de la personalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que debe estar garantizado sin interferencias.
Con la aprobación de la reserva presentada por Monreal se eliminó la posibilidad de que el consumo de vapeadores sea sujeto a penalización.
Sin embargo, el PAN enfatizó en que aun así lo aprobado mantiene incongruencias, pues al prohibir la producción, comercialización, distribución, pero no el consumo, se arroja a los consumidores a los brazos del crimen organizado.
Explicó que hay estudios (del Colegio de México) que han comprobado que son los que controlan el mercado negro del vapeo y la piratería de vapeadores, que representa 26,000 millones de pesos.
El diputado Federico Döring evidenció además que la Ley General de Salud le reconoce a los mexicanos el derecho a portar y consumir dosis diarias de drogas, como mariguana, cocaína, LSD, metanfetamina, por citar solo algunas, todo lo cual fue confirmado en 2015 por la SCJN, pero frente a todas esas permisiones lo prohibido será el vapeo.
“Este es el segundo piso del prohibicionismo”, alertó la diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado. “Tendremos más actos de corrupción, más productos insalubres, más personas en las cárceles” como las tres naciones que también prohíben los vapeadores: Tailandia, Singapur y la India”, dijo.
El diputado Juan Armando Ruiz, también de MC, planteó por tanto que prohibir no es el camino, sino desincentivar su uso con altos impuestos como los de tabaco.
“Los impuestos altos funcionan, la regulación controla y la prohibición fracasa”, dijo.
Otra parte de las reformas contempla cambios en el uso del Fondo del Bienestar para la Salud (Fonsabi), mismo que ahora podrá destinarse a otros rubros prioritarios de salud y no sólo para la atención de enfermedades catastróficas.
Gerardo García, de Morena, explicó que se trata de dar al Fonsabi más capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y cambios en las prioridades, a otorgar al Comité Técnico la facultad de establecer directamente los criterios de asignación y, con ello dar flexibilidad al uso de recursos.
“Esta propuesta no modifica el objeto ni las prioridades del organismo, que incluye explícitamente el financiamiento de enfermedades de alto costo. La nueva redacción fortalece la capacidad técnica del comité para asignar recursos”.
Se mantendrá para la atención de patologías complejas o tratamientos especializados, pero ahora también la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social; complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y de más insumos; así como el acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social.
Sin embargo la diputada Laura García de MC alertó que se modificó la obligación del IMSS Bienestar de destinar para el Fondo de Salud para el Bienestar el 8% de los recursos a la atención de enfermedades catastróficas y ahora se pueden usar para la conservación y mantenimiento de unidades, pero sin transparencia.
Ese fondo, garantizaba recursos excepcionales para medicamentos y prevención de enfermedades relacionadas con VIH, cáncer, hepatitis C, fibrosis quística, diabetes y otras enfermedades.
Ahora “se está debilitando y cambiando a un manejo discrecional de los recursos que no da certeza para qué van a ser usados, transparentar su aplicación y mucho menos para la revisión de cuentas”.
El panista Döring abundó: “es una grosería, eliminan la obligación de destinar recursos para cáncer, insuficiencia renal, VIH, trasplantes y enfermedades de alto costo, justo después de que entre 2019 y 2024 desapareciera el 67 % del dinero que era para salvar vidas".
