Los pacientes de cáncer infantil que costearon sus tratamientos con este fideicomiso pasaron de 2,700 a 300 en el mismo periodo. Y las mujeres con cáncer de mama, de 8,300 a 2,500.
“Ya no se atendía un mayor número de pacientes ni se destinaba más presupuesto”, explica Judith Méndez, especialista en finanzas públicas y salud del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Por eso, los cambios que propone la reforma no le sorprenden del todo, aunque sí los considera preocupantes. Hace unos años que, además, el dinero del Fonsabi ya no se utiliza completamente en las enfermedades de alto costo.
Al tercer trimestre de 2021, el fondo contaba con 69,902 millones de pesos. De ahí se utilizaron 28,807 millones de pesos para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desaparecido en 2023 por falta de resultados.
En abril del mismo año se tomaron 33,000 millones de pesos adicionales para la atención de la pandemia de covid. Así que no es la primera vez que el dinero del Fonsabi se utiliza para otros fines. Sin embargo, la reforma establecería la legalidad de hacer esto.
“Sí es preocupante porque, probablemente, ahora habrá menos garantías”, explica Méndez.
También se plantea si el acotado espacio fiscal lleva a esta decisión. Sin etiquetar el dinero del Fonsabi ni asignarle porcentajes de distribución, este gasto se podría usar para cualquier necesidad del gobierno.
El problema es que el propio sector salud ya se enfrenta a un presupuesto público que no aumenta, como para quitarle dinero que necesita.
“Si de por sí hay un espacio fiscal limitado, eliminar esos porcentajes me parece que sí te quitaría una garantía de que, al menos, se estén destinando recursos a este fondo”.
La “caja chica”
Desde este sexenio, el Fonsabi ha invertido menos en enfermedades catastróficas. Y algunos años ha reintegrado hasta el 80% de sus recursos anuales a la Tesorería federal. De ahí ya no se conoce el destino del dinero.
Otros países, como Alemania, también usan fideicomisos para financiar los altos costos de las enfermedades crónicas. El mecanismo no busca limitar la atención, asegura Méndez, sino garantizar que de los limitados recursos que se pueden gastar en salud, una parte llegue a estos padecimientos, los más presentes y que más empobrecen.
“Si tú lo dejas abierto, se te puede ir en cosas que son urgentes y no necesariamente en las cosas más importantes o en la población que lo necesita”, explica.
La experta considera que instaurar un Comité Técnico sí podría ser benéfico, ya que daría flexibilidad al uso de los recursos, sobre todo en emergencias sanitarias. La duda pesa, sin embargo: ¿quiénes integrarían este órgano, sus decisiones sobre el dineros serán transparentes?
Ya ocurrió con el Seguro Popular. Cuando existió, varios gobernadores estatales usaron ese fondo para desviar recursos y el Fonsabi ya no informa cuántos pacientes atiende por cada enfermedad.
Por eso, la diputada del PAN Verónica Pérez propuso blindar el 50% del fondo exclusivamente para enfermedades catastróficas; prohibir que los recursos vayan a la Tesorería y transparencia en el destino de los recursos.
“Ese fondo era la última línea de defensa para quienes se enfrentan a enfermedades como cáncer, infartos, VIH o cuidados intensivos neonatales”, declaró y agregó: “Ese fondo era la tranquilidad de millones de mexicanos, pero este gobierno lo ha convertido en su caja chica”.
