Conforme a lo aprobado ese delito se perseguirá de oficio y será imprescriptible; será castigado con penas de seis a 15 años de prisión, con posibilidad de incrementarse hasta 25 años si se configuran agravantes, de las que se establecieron 34 en tres categorías.
Sin embargo en por lo menos seis entidades: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo la sanción mínima es de siete años de prisión, por lo que de no existir agravantes se reducirán las sanciones en esas entidades.
En la discusión Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) además del aliado de Morena, el Partido del Trabajo (PT) alertaron que eso abre la posibilidad de liberación de unas 600 personas sentenciadas por extorsión que se verán beneficiadas por la reducción de la penalidad en esas entidades.
Por esa razón, y porque el dictamen estableció que no se requerirá ningún presupuesto adicional, las bancadas opositoras votaron en contra, en lo particular.
De última hora, Morena hizo modificaciones para reducir la pena de cárcel a los servidores públicos omisos que no denuncien casos de extorsión, lo que dividió a los aliados.
Por lo que votaron en contra en lo particular la morenista Rocío Barrera, y nueve petistas, entre ellos Aracely Cruz, Angel Flores, José Luis Téllez, Javier Vázquez, Wblester Santiago, Juliana Elizondo, Patricia Galindo, José Gloria y Luis Martínez. Y en abstención votaron los morenistas Héctor Cabada, Daniel Murguía y la petista Lilia Aguilar Gil.
Al no haberse endurecido las penas y homologar a la alza los años de cárcel, aseguró el panista Daniel Retes, “el mensaje será que la presidenta quiere bajar las penas por extorsión” ya que en Baja California –una de las entidades donde la pena es de siete años– se reducirá a seis años de cárcel.
El priista César Alejandro Domínguez insistió en que si se considera que en por lo menos cinco entidades ocurre lo mismo, podrían salir de la prisión unas 100 personas en cada una.
“En Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar”, alertó.
"Reforma Bermúdez"
Después de siete horas de discusión en lo particular, el dictamen sufrió modificaciones en ocho artículos, cambios que la oposición bautizó como la “reforma Bermúdez, pues reducirá las sanciones a servidores públicos que no denuncien casos de extorsión.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, presentó el paquete de modificaciones, la principal reducir la sanción de prisión a esos funcionarios para que no sea de seis a 20 años de cárcel, como propuso la presidenta, sino de cinco a doce años.
Monreal argumentó de que la gravedad de la omisión no es la misma que la comisión del delito y por tanto no puede tener menos años de cárcel quien comete el delito, que el funcionario omiso.
Con ese argumento, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, propuso entonces aumentar a 20 años la prisión máxima para extorsionadores, y dejar con 12 a los funcionarios omisos, pero eso no prosperó.
“Hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos aquellos que siendo parte del gobierno de Tabasco no quisieron denunciar a Bermúdez”, dijo en alusión al líder de Morena en el Senado y exgobernador del estado, Adán Augusto López.
“Buscan proteger a Pepín López Obrador quien también era entonces funcionario y debió denunciar", señaló también el panista Federico Döring, aunque ninguno de los delitos de los que se señala a Bermúdez es la extorsión.
Aunque durante todo el debate el PAN defendió la mayor parte de la reforma, pues fue un “plagio político” de la iniciativa panista presentada en septiembre, al final acusó que con las modificaciones aprobadas Morena la echó a perder, fue “una traición de Morena a las víctimas”.
Sin embargo Monreal y Leonel Godoy, de Morena, defendieron que la penalidad quedara de seis a 15 años a los extorsionadores, pena que podría triplicarse si hay agravantes, y de cinco a 12 años para servidores públicos que no denuncien.
Aguilar Gil, diputada del PT, advirtió, que "será de impacto social no aumentar las penas" pues si implicará la liberación de los ya sentenciados.
Pese a esta postura el PT dio por terminado el debate, dejó la decisión al voto del pleno y ya no subió a tribuna a defender su reserva de aumento de penalidad a extorsionadores, aunque no la retiró.
El combate a la extorsión
La minuta aprobada incluyó en sus términos la propuesta presidencial para fijar un tipo penal único en todo el país, penas homologadas: de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Al valor de este año esa multa equivale hoy a un monto de 11,314 a los 56,570 pesos.
Incurrirá en el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.
También se establece que las Unidades Antisecuestro serán las responsables de investigar casos de extorsión y se crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ese Centro se coordinará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica, “herramienta indispensable para identificar patrones delictivos, prevenir que más personas caigan en engaños y dar soporte a las investigaciones ministerial”.
El número único 089 será para atender todas las cuestiones relacionadas con el delito de extorsión.
