En medio de la Reforma Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en presuntas anomalías por 272.4 millones de pesos, aún pendientes por aclarar.
Ese órgano, presidido por la exministra presidenta Norma Piña e integrada por una parte de quienes hoy forman el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), habría realizado pagos sin evidencia documental de los servicios recibidos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF realizó una auditoria al 93% de los recursos ejercidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2024 y reportó la inexistencia de irregularidades y solventación de observaciones, y así se reportó el en julio.
Sin embargo, la ASF aplicó sólo una auditoría de cumplimiento forense al ejercicio 2024 y ésta fue al Consejo de la Judicatura.
Hoy, en la segunda entrega de los informes de auditorías a la Cuenta Pública 2024 en lo que toca a los recursos ejercidos por el CJF, reportó que aún hay pendientes de aclaración por 272.4 millones de pesos de ese año.
La ASF revisó una muestra de los recursos ejercidos por el CJF, sólo 2,484 millones de pesos de 68,917 millones de pesos autorizados para ese ejercicio fiscal.
Resultado de esas revisiones emitió 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación Fiscal, y 11 Pliegos de Observaciones.
En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es también parte del Poder Judicial, se determinó un monto por aclarar por 51.9 millones de pesos y se emitieron entre otras, cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
En ese órgano se halló el pago por 27.2 millones de pesos sin la documentación que acredite los servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento de los inmuebles del TEPJF.
Además se realizaron pagos por 2.5 millones de pesos por servicio de comedor institucional sin acreditar la recepción del servicio; pagos por cuatro millones pesos sin comprobar impresión y encuadernación, transcripción e impartición de cursos y servicios de acceso a la plataforma Tirant Prime y por 4.8 millones sin evidencia de servicios de licenciamiento y soporte técnico.
De acuerdo con lo reportado por el auditor David Colmenares en la entrega realizada este jueves a la Cámara de Diputados, se acreditó que el CJF realizó pagos por 201 millones de pesos sin documentación que pruebe servicios de impresión, digitalización y copiado, de soporte especializado del software de firma electrónica y equipos de seguridad, mantenimientos correctivos y preventivos a los equipos tecnológicos, entre otros.
El Consejo habría realizado pagos por 21.4 millones de pesos de pesos sin la documentación que acredite el servicio de seguridad y vigilancia de dos inmuebles.
Esos recursos se habrían entregado a las personas morales Seguridad Privada Integral Macotela, S.A. de C.V.; Servicios Integrales Pesados, S.A. de C.V. y Sedegral Seguridad Privada, Defensa en General, S.A. de C.V., sin proporcionar la evidencia documental que acredite que la prestación de servicios de julio a diciembre 2024.
También habría destinado 49.4 millones de pesos sin la documentación que acredite el servicio de mantenimiento de los edificios y el servicio de limpieza y no hizo efectiva la póliza fianza por la suspensión del servicio de comedor por 431.9 miles de pesos al proveedor Profesionales en Comidas Industriales, S.A. de C.V., pues no se dio ese servicio en septiembre y octubre de 2024.
La ASF reportó que el CJF pagó un monto de 9.9 millones de pesos a la persona moral Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V. sin contar con el soporte documental de la prestación del servicio de mantenimiento de las áreas comunes del edificio denominado "Torre AFIRME" ubicado en Monterrey, Nuevo León.
