Las comisiones unidas de Justicia y Hacienda dieron luz verde –con 56 votos de Morena y sus aliados– al dictamen a la minuta de reformas a la Ley de Amparo que será votada este martes en el pleno de la Cámara de Diputados.
Los legisladores no hicieron ninguna modificación del predictamen que circuló desde el pasado jueves y que ya había excluido la retroactividad.
Durante la discusión, se desatendieron las posturas de 30 ponentes en tres días de foro de parlamento abierto. El dictamen no hizo referencia a ningún parlamento, no hubo cuadro comparativo de propuestas, ni relatoría de ellas.
La secretaria de la Comisión de Justicia, Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, anticipó que habrá cambios, pero no dijo cuáles. “Si vamos a presentar propuestas en el pleno el día de mañana para mejorar. Y fueron propuestas que se recogieron de estas audiencias”, comentó.
La oposición sumó 11 votos de priistas y emecistas; en tanto que la bancada de Acción Nacional (PAN) se retiró antes de la votación.
La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, votó en abstención y se deslindó de gran parte de la reforma.
La morenista, quien fue aplaudida por la oposición, argumentó en contra de cuando menos cinco cambios que fueron incluidos en el dictamen, entre ellos el limitar el interés legítimo, es decir restringir quién podrá interponer amparos, pues ahora no podrán promoverse en representación colectiva.
La reforma a la ley de amparo es un
— Foro de Constitucionalistas de México (@ForoConstMex) October 14, 2025
Retroceso en la afectación de los derechos humanos.
Nada más ni nada menos que @M_OlgaSCordero
Y tiene toda la razón, establecer que se debe entender por Interés legítimo de forma estricta.
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La exministra señaló que condicionar el interés legítimo a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe el acceso a la justicia constitucional.
“No puede definirse de antemano como lo hace esta reforma (quien tiene interés y quien no), ya que su configuración depende esencialmente de los hechos y del derecho fundamental que se estima vulnerado”, expuso.
Explicó que eso puede definir hasta el final de un procedimiento de amparo. “Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados”, expuso la exjuzgadora.
Reconoció que “en algunos casos los jueces admitieron demandas de amparo utilizadas estratégicamente para entorpecer, obstaculizar políticas públicas, obras estructurales, acciones gubernamentales” y que eso resultó paralizante de la administración pública.
“Sin embargo, la reforma actual desgraciadamente lleva a la solución opuesta”, dijo. Comentó que ahora se limitará la defensa en materia fiscal y se desaparece la opción de pago al cautelar como vía de defensa del contribuyente.
Sánchez Cordero también se pronunció en contra de limitar cuándo se puede o no dictar las suspensiones dentro de un proceso de amparo. Se propone regresar a lo que se hacía antes de las reformas que elevaron los derechos humanos a nivel constitucional e introdujeron la necesidad de ponderar de interés social y orden público.
También consideró que hubo discrecionalidad excesiva y criterios contradictorios. Se opuso además a a exigir el uso de firma electrónica avanzada en todos los rincones de la República cuando existe una brecha digital y propuso un transitorio para reducir esas diferencias.
En la sesión de las comisiones unidas primero se discutió la ilegalidad del foro de parlamento abierto pues no fue convocado por las comisiones sino solo por sus juntas directivas, no se dio tiempo a que se anotaran todos los interesados, se hizo al vapor y “fue una mentada de madre organizarlo así”, dijo la emecista Iraís Virginia Reyes.
Después en las rondas de discusión los grupos parlamentarios adelantaron sus posturas: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde no atendieron las observaciones de Sánchez Cordero.
Por la bancada morenista la misma Benítez Tiburcio insistió en la bondad de la reforma pues la suspensión del acto reclamado “se ha utilizado de manera estratégica para prolongar actos ilícitos entorpecer políticas públicas”.
Además la figura de la ampliación de la demanda ha derivado en prácticas dilatorias. Y en materia fiscal, la utilización de los medios de defensa como la revocación o el juicio contencioso administrativo frente a créditos firmes ha generado rezagos en la recaudación y un uso ineficiente de recursos.
Por el PT, la diputada Lilia Aguilar aseguró que su bancada sí tiene una postura distinta en cuanto a interés legítimo y podría proponer cambios, al igual que el diputado morenista Hugo Eric Flores.
Sin embargo el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval dio el aval a los cambios pues modernizan y democratizan el sistema jurídico y amplían el acceso a la justicia y lo abaratan mediante la digitalización de procedimientos.
Se pondrá freno al “abuso de los juicios de amparo como instrumento de litigio político o dilatorio” y además “se cerrará de una vez por todas la puerta a prácticas que permitían la reapertura indebida de litigios fiscales ya resueltos”.
Fue el panista Homero Niño de Rivera el que acusó a Morena de hacer toda una reforma solo por “venganza” contra el empresario Ricardo Salinas, por presuntos adeudos al fisco.
“Un empresario osa responder a Andrés Manuel López Obrador y se modifican todas las leyes para tratar de meterlo a la cárcel”, dijo.
“Cuando eran oposición hablaban del abuso del poder y ahora hablan del abuso del amparo”, aseveró el también panista Federico Döring.
Por el Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez recordó la película de La Ley de Herodes: “ustedes en el oficialismo están como Varguitas, igualitos que varguitas en la ley de Herodes, cuando les estorba la ley para sus arbitrariedades cambian la ley para seguir siendo autoritarios”.
