Entre críticas de constituir “retrocesos” en la defensa de los derechos de los ciudadanos, Morena y aliados en el Senado avalaron reformas en materia de amparo.
En una discusión de cuatro horas, los legisladores de oposición criticaron las reformas, y señalaron que pese a que la iniciativa original tuvo modificaciones en las comisiones, se violentan los tratados internacionales que ha firmado México y se lesionan los avances en la protección de derechos de los colectivos.
Estas modificaciones son a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Entre las principales críticas que se hicieron fueron al concepto de ''interés legítimo'' que se establece en la reforma, ya que los opositores señalaron que si bien hubo cambios a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la definición está “enredada” y sigue afectando los derechos colectivos.
“Aunque dicen que suavizaron ese artículo, no lo suavizaron, lo enredaron. Significa que ya no será posible acudir a los tribunales para defender causas colectivas, como la protección de ríos, bosques, ecosistemas; es decir, los poderosos hacer lo que se les inche la gana”, enfatizó la senadora Carolina Viggiano, del PRI.
La legisladora tricolor sostuvo que con estas modificaciones a diversas leyes se va a “restringir” la admisión del amparo, la suspensión y la ejecución de la sentencia, por lo que dijo que se deja al “pueblo desamparado” y se protegerá al Gobierno y a los “poderosos”.
La senadora Amalia García comentó que con esta reforma hay un “retroceso” en el interés legítimo e interés difuso, que, dijo, permitieron que se abriera la puerta a la defensa de derechos colectivos en temas, como libertad de expresión, a la salud, la igualdad de derechos para la comunidad LGBTTTI, los derechos de las mujeres a no ser criminalizadas para decidir sobre su maternidad.
“Hoy con esta contrarreforma se dejaría fuera derechos de colectividades, de comunidades enteres, y quedarían sin las herramientas y quedarían si las herramientas para defenderse de proyectos que contaminen ríos o arasen con sus territorios y excluiría a grupos históricamente vulnerados”, enfatizó la emecista.
El panista Francisco Ramírez Acuña explicó que la iniciativa altera los procedimientos del juicio de amparo al que pueden acudir a los ciudadanos como mecanismo de defensa ante los abusos de poder.
“No podemos avalar esta reforma que atenta contra los principios de progresividad y no regresividad, nos oponemos”, dijo.
En defensa, el senador Waldo Fernández comentó que con esta reforma se evita que el amparo se utilice con fines políticos o especulativos, por lo que “se le devuelve su esencia que es la defensa de los derechos humanos”.
También sostuvo que se termina el “abuso” en el uso del amparo en materia fiscal y financiera, pues dijo que con estas modificaciones no se podrá utilizar para retrasar y aplazar créditos fiscales ni para liberar recursos de procedencia ilícita.
La morenista Lucía Trasviña explicó que con estas reformas no se limitan derechos, sino se “cierra espacios de abuso” en los que recursos y juicios administrativos han sido empleados para obstaculizar el cobro de créditos fiscales firmes.
“El contribuyente conserva el amparo como recurso efectivo, pero el Estado recupera su capacidad de recaudar que es esencial para sostener la educación, salud y seguridad. Esta reforma se inscribe en la ruta que México ha trazado ante el mundo: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.
Su compañera Martha Lucía Mcher sostuvo que con esta reforma el amparo deja de ser una protección para “poderosos” y que deben más de 60 mil millones de pesos en impuestos; ello en referencia al dueño de Grupo Salinas, el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Entre los ajustes que hicieron los senadores está la definición de “interés legítimo”, ya que algunos expertos en materia legal criticaron la iniciativa de la mandataria federal, pues consideran que afecta los derechos colectivos. Por ello, ahora a la definición se le incluye las palabras “individual o colectiva”.
“Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”, señala la propuesta que prevé que discutan esta tarde en el Pleno del Senado.
Otro cambio que se hizo a la iniciativa y que los expertos alertaron fue sobre que no haya multa a la autoridad responsable, vinculada o al superior jerárquico cuando se acredite la existencia de una imposibilidad jurídica o material que impida el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ese párrafo, que establecía que no se impondrá multa, fue eliminado.
También se eliminó el que menciona que no habrá responsabilidad penal cuando la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento acredite que el incumplimiento de la ejecutoria de amparo derivó de una imposibilidad jurídica o material. Este fue otro punto que alertaron los expertos.
Asimismo, el dictamen amplía el periodo máximo para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto. Pasó de 60 a 90 días naturales.
Sobre la procedencia de suspensiones derivadas de procesos penales que afectan la libertad personal, el plazo para que el quejoso presente garantías subió de tres a cinco días, siguientes a la notificación de la determinación de la suspensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este 30 de septiembre su propuesta para reformar la Ley de Amparo, a partir del caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acumula una deuda millonaria por la falta de pago de impuestos. Aseguró que quienes más recursos tienen, abusan de esta figura legal para retrasar la justicia.
"Ahora lo que queremos con esta reforma al Poder Judicial, la nueva Corte, los nuevos jueces... pues es que en efecto la justicia sea pareja. ¿Quién ha abusado del amparo y la Ley de Amparo? Los que tienen más recursos económicos", dijo.
Explicó que lo que se busca con la reforma es que sea más rápida la justicia. "Que no tardemos 15, 20, 30 años en casos donde hay amparos, particularmente de este tipo. Y dos, en particular cuando haya resolución de la Corte, que no haya suspensión inmediata”, apuntó la mandataria.
