De la Unión de colectivos Sin las familias no, del estado de Michoacán, que agrupa a 13 organizaciones buscadoras de esa entidad, Viridiana Gil Remigio, propuso un protocolo de apoyo para los cuidadores de los menores de padres desaparecidos.
Refirió que cientos de personas están desaparecidas y las madres se dedican a buscar a sus familias, pero los niños y adolescentes se quedan al cuidado de adultos mayores, con problemas económicos y sin apoyos escolares, y se pretende llevar a los menores a centros especiales, lejos de sus familias.
Destacó su propuesta para que se sancione a las autoridades que por omisión permiten la impunidad en materia de desapariciones e incluso se ausentan de las reuniones a las que son convocadas para frenar las desapariciones.
Gil ejemplificó con el caso del Techiutlán, Jalisco. “Ahorita es un boom el Rancho Izaguirre, pero el 26 de septiembre fue un boom la fosa de Tacámbaro, con más de 200 cuerpos sin identificar. También fue un boom el junio del 2022 las fosas que se encontraron en Los Negritos pertenecientes a la región Ciénega-Chapala, colindante con el estado de Jalisco, donde se han estado encontrando hasta ahorita 40 personas, de las cuales 23 están sin identificar”.
La buscadora planteó por ello que el problema es generalizado en el país y pidió reconocimiento también a la memoria de las personas que buscan a sus familiares y han sido asesinadas en esa tarea. Esto podría ser vía un memorial para personas buscadoras fallecidas por el crimen organizado.
José Jesús Arévalo, de la Asociación para la Prevención y Atención a Víctimas, AC, propuso obligar a la coordinación entre autoridades pues, relató, ha llevado diversos casos de desaparición en los que se ha comprobado trata de personas, pero las fiscalías dedicadas a ambos ilícitos no compartían información y no se coordinaban.
Cada institución- acusó- dice “esta es mi información y es solo mía y no la puedo compartir” y mientras, miles de víctimas sufren.
“La desaparición de personas se encuentra vinculada a trata de persona a tráfico ilícito de personas migrantes, a extorsión”, advirtió, y en ese sentido propuso varias líneas para hacer frente.
Entre ellas el fortalecer la gestión de fronteras y un registro de personas que ingresan a México de forma irregular, pues en ellas el crimen organizado ha encontrado un caldo de cultivo.
También impedir y sancionar que las fiscalías de los estados exijan dinero para levantar denuncias o incluso reportes de búsqueda.
Exigió la existencia de una línea verdaderamente anónima para denunciar ese y otro tipo de casos, pues el 089 no ofrece seguridad a los denunciantes, a los que apenas denuncian comienzan a sufrir extorsiones.
"Necesitamos una línea 100% anónima y una opción podría ser el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Ellos cuentan con una línea anónima, podríamos potencializarla”, dijo.
Demandó utilizar realmente la inteligencia financiera para atajar la problemática de las desapariciones pues éstas mueven millones de pesos. “Necesitamos golpear el lavado de dinero, así como también la extinción de dominio. Únicamente golpeando la estructura económica del crimen organizado, podremos hacerle frente a este crimen y erradicarlo de nuestra sociedad”.
Irma Arellano Hernández, quien pertenece al colectivo Tesoros Perdidos hasta encontrarlos del estado de Sinaloa, evidenció “nos están matando” por buscar a sus familiares desaparecidos y por eso exigió seguridad y dejar de estigmatizarlas desde el gobierno.
“Nos están matando, no hay seguridad para nosotras, no Nosotros no somos delincuentes, nosotros buscamos a nuestros hijos, pero ¿qué dice el gobierno con las compañeras que han matado? Andaban mal, que estamos involucradas. O sea, se dicen muchas cosas de nosotras que no es cierto”, indicó.
La buscadora planteó que la búsqueda de personas deja a muchas madres sin recursos, y que no tienen dinero ni pueden pagar a los ministerios públicos, pues les cobran.
Silvia Guerra de Desaparecidos de la Costa y Feminicidio de Michoacán Asociación Civil, planteó que su hijo lleva ocho meses desaparecido se sabe que su hijo y su novia están retenidos contra su voluntad, pero no hay quien le apoye en el rescate.
“Los tienen en un lugar donde son campamentos del crimen en laboratorios clandestinos y los tienen en forma forzada elaborando esas sustancias que tanto matan a nuestros jóvenes en forma involuntaria'', dijo.
Blanca Liliana Jaime, del Comité de Familiares Detenidos, Desaparecidos en Michoacán, evidenció que desde 2019 se comenzó a planear una ley para atender la problemática de desaparecidos pero sin los intereses de los partidos los que frenan los avances.
Araceli Domínguez Martínez, del Comité de Familiares y Amistades en Búsqueda de la defensora Sandra Estéfana Domínguez, advirtió que las desapariciones son un cáncer en todo el país “y que en Oaxaca ya hizo esta metástasis”.
Recordó que Estéfana, su hermana, denunció una red de donde exponían a mujeres indígenas en situaciones vulnerables vía redes sociales, pero está desaparecida desde el 4 de octubre y las actuales autoridades del estado no han sido investigadas.
“El gobierno del estado de Oaxaca solamente buscó criminalizarla, revictimizarla y esto fue algo que como familia nosotros nos dolió y en cambio el gobierno en Oaxaca asegura que es el quinto estado más seguro en el país'', señaló.
