Una las novedades es que la nueva Plataforma permitirá la interoperabilidad entre distintos sistemas electrónicos para dar certeza jurídica y reducción en tiempos administrativos; además, se creará una Tienda Digital del gobierno federal para la adquisición de bienes y servicios recurrentes, como agua y papelería.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), expuso que la reforma también fortalecerá normativamente el procedimiento de compras consolidadas para que el Estado logre las mejores condiciones económicas posibles y, sobre todo, creará nuevas figuras en las contrataciones.
Estas son la oferta subsecuente de descuento, el diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación, mismas que, de acuerdo con el legislador, permitirán los mejores precios para el Estado mediante acuerdos con proveedores.
El dictamen avalado establece que la oferta subsecuente de descuento o subasta inversa permitirá a los licitantes que, después de haber presentado sus ofertas económicas, puedan modificarlas y “realizar una o más ofertas subsecuentes de descuento con el propósito de mejorar el precio ofertado en forma inicial”.
El “Diálogo Competitivo” se realizará con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autorización de la Secretaría Anticorrupción y consistirá en que estas dialoguen con los posibles proveedores para “de manera conjunta, (alcanzar) mejoras que satisfagan las necesidades de la convocante”.
“Se trata de un procedimiento interactivo con los candidatos que resulten precalificados y, posteriormente con los postulantes, hasta poder alcanzar una negociación en beneficio del Estado”, se lee en el decreto.
La “Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación”, que se plantea como procedimiento de excepción a la licitación pública y a la invitación a cuando menos tres personas, podrá realizarse de forma abreviada y para casos de urgencia.
Ven más opacidad y corrupción
Sin embargo, estas figuras fueron criticadas por la oposición. La panista Carmen Rocío González Alonso, quien acusó fallas de procedimiento y aprobación exprés, sostuvo que las reformas tienen riesgos en términos de discrecionalidad, falta de transparencia, rendición de cuentas, y habrá menos participación de las Mipymes en las contrataciones.
"(Conllevan) concentración en contratos grandes para amigos preferidos de la clase empresarial que después les pagará con moches en campañas anticipadas”, manifestó.
Con esta ley, acusó el panista, Éctor Ramírez Barba, se "sepultará" la transparencia en las contrataciones.
“Se llama licencia para robar, por muchas razones. La primera es porque el propio gobierno se está dando permiso de comprar como quiere y a como sea”, dijo el panista.
De igual modo, el priista Arturo Yáñez adelantó que el paquete de leyes serán conocidas como “ley de cochupos de Morena o ley de cuates de Morena”, pues lejos de fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, sostuvo el legislador, representa un retroceso peligroso y de gestión de recursos.
“Disfrazado de eficiencia y de austeridad, cuando en realidad se trata de una centralización desmedida de poder, de una carta abierta a la discrecionalidad y de un golpe a la competencia económica del país, carta abierta a incentivar la corrupción, carta abierta a la secrecía en adjudicaciones”, recalcó.
Movimiento Ciudadano (MC) respaldó en general los cambios, aunque en lo particular no.
“Vemos con buenos ojos que esta ley busca fortalecer la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas. Sin embargo, también presenta desafíos en su implementación, por ejemplo, que no se abuse de las adjudicaciones directas”, expuso el emecista Gildardo Pérez Gabino, emecista.
“Hoy acabaremos con los grandes negocios que tenían los gobiernos del PRIAN”, agregó la petista Margarita García.
El debate derivó en acusaciones de corrupción en los gobiernos, critica que se lanzaron todas las bancadas.
