La Guardia Nacional se fundó en 2019, con el objetivo de combatir la violencia en México. (Graciela López/Cuartoscuro )
Yared de la Rosa
Tras el aval de 26 congresos locales y la ausencia de la oposición, el Senado y la Cámara de Diputados declararon la constitucionalidad de las reformas a la Guardia Nacional y el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos.
Por ello, se espera que mañana lunes 30 de septiembre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estas reformas para entrar en vigor, a horas de que Claudia Sheinbaum Pardo reciba la banda presidencial.
Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que avala el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Hasta este domingo, el Congreso de la Unión registró el respaldo de 26 congresos locales a los cambios a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, aprobados el pasado 25 de septiembre.
Las reformas determinan que la Federación contará con la Guardia Nacional como ''una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional''.
Dicha institución estará encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la secretaría del ramo de Seguridad Pública.
La Guardia Nacional fue creada en el 2019, por iniciativa del presidente López Obrador. (Dassaev Téllez/Cuartoscuro. )
El texto de la enmienda constitucional dispone que ''la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, que conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos en la materia''.
Además, el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
El Senado de la República estará facultado para ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga la presidenta de la República.
Para la declaratoria, tanto el Senado como la Cámara de Diputados recibieron los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La segunda reforma con declaratoria constitucionalidad fue la modificación para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La reforma sostiene que la “jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente”.
Ahora las personas indígenas para acceder a la justicia, tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico y perspectiva de género; también se deberá promover la educación en su lengua, difundir y fomentar su cultura, así como el desarrollo de la medicina tradicional.
Para la declaratoria, tanto el Senado como la Cámara de Diputados recibieron los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Oposición no asiste
En esta sesión para emitir la declaratoria, la oposición no asistió. En el caso de Movimiento Ciudadano, el coordinador de la bancada emecista, Clemente Castañeda, comentó que no serán "comparsas" de la militarización de la seguridad pública.
"En el grupo parlamentario de MC no será comparsa de la militarización de la seguridad pública, por eso no asistiremos a la sesión que declarará la constitucionalidad de la reforma con la que se concreta el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena", escribió en sus redes sociales.
Mientras, el panista Riardo Anaya comentó que no asistieron a la sesión porque están en contra de mandar a la Guardia Nacional a la Sedena, pues dijo que es "una estrategia fallida".
"Lo que queda clarísimo es que militarizar la seguridad pública no ha funcionado y no tendría por qué funcionar. Por eso es que nos oponemos y ésa es la razón por la que no estaremos presentes en esta sesión de Pleno", comentó.
A la Cámara de Diputados tampoco asistieron los legisladores de oposición.
Desde ayer sábado, los diputados por el PAN Kenia López Rabadán y Alan Sahir Márquez entregaron un documento a la Mesa Directiva en donde informaron que la bancada panista no acudiría a la sesión de hoy por no estar de acuerdo con la "militarización" del país.
“México necesita policías bien capacitados y pagados, no militares patrullando las calles”, precisaron.
Lo mismo hicieron los diputados del PRI. La diputada Lorena Piñón Rivera declaró que no asistirían a la sesión para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional.
"Como legisladora veracruzana, estoy obligada a honrar a los votantes de mi estado. Veracruz tiene un legado liberal y de división de poderes que he respetado votando en contra de la reforma que menoscaba la autonomía del poder judicial y ahora, contra esta que militariza la Guardia Nacional. Estamos unidos en torno al liderazgo de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, en esta crucial batalla por las libertades democráticas", dijo.
