Tras sexenio de intentos, AMLO cumplirá promesa: acotar salarios de funcionarios

Esa suma será el límite de percepciones para todo funcionario federal o local, integrante del Poder Judicial o de organismos autónomos, y con carácter retroactivo, pues a la entrada en vigor de la reforma deberá aplicarse para el siguiente ejercicio fiscal, según propone el dictamen.

Conforme a lo aprobado en el dictamen, que fue enviado a la mesa directiva para su votación, en cuanto así lo decidan los órganos de gobierno de la Cámara, los “ahorros” generados por el ajuste se irán al Fondo de Pensiones del Bienestar.

En la actual 65 Legislatura Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para que, sólo con sus votos, prospere la reforma en el pleno. Y aunque el dictamen fue aprobado por unanimidad, con respaldo de toda la oposición, los legisladores de la llamada “Cuarta Transformación” han anunciado que esperarán a votar ese y otros dictámenes derivados de iniciativas presidenciales, en la próxima legislatura, en la que esperan tener los votos para aprobar por si solos cualquier cambio a la Constitución.

Con ello, topar los salarios de los funcionarios públicos, un viejo sueño acariciado por el presidente, podrá ser cumplido, pues López Obrador concluye su mandato a fines de septiembre, cuando la 66 Legislatura haya cumplido ya su primer mes con nueva mayoría.

Pelean por la reducción de salarios

Antes de que el presidente López Obrador iniciara su mandato, en diciembre de 2018, la Cámara de Diputados ya con mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y su aliado legislativo el partido Verde (PVEM), impulsó prácticamente como su primera reforma limitar los salarios de todos los servidores públicos.

Pero lo hizo por la vía de reformas a leyes secundarias, para darle rapidez, ante la inminencia de la discusión del Presupuesto de Egresos 2019 y para evitar que una reforma a la Constitución se tardara en la aprobación en al menos 17 congresos locales, además porque en el Senado esa Coalición triunfante no tenía mayoría calificada para enmiendas constitucionales.

Así, la Cámara de Diputados aprobó el 13 de septiembre de 2018 la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, enmienda que fue publicada hasta el 5 de noviembre de 2018.

Pero esa nueva ley retomó –en aras de dar agilidad a los cambios- una versión de la propuesta impulsada por el expresidente Felipe Calderón, de ahí que derivó en una legislación con múltiples errores, entre ellos referir al Distrito Federal, hablar de multas en salarios mínimos y no en UMA, aludir a la procura Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto Federal Electoral (IFE), ya extintos y transformados en nuevas instituciones.

Estos primeros errores fueron detectados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 20 de mayo de 2019 resolvió, al analizar acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por senadores de oposición, que antes de que entraran en vigor los cambios se corrigieran los “vicios advertidos“.

Congreso

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El principal de ellos, según la Corte, era el no haber establecido con certeza cuál sería el sueldo del presidente, y los parámetros objetivos que llevaron a esa cifra, de tal modo que no fuera una decisión discrecional presidencial el establecimiento de los sueldos.

Para reponer todo el procedimiento de origen, Morena, a través del entonces diputado Pablo Gómez -quien ya había impulsado acotar los salarios de los funcionarios desde 2009 y sin éxito--, propuso en noviembre de 2019 una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Aunque Gómez propuso parámetros como los ordenados por la SCJN y basado en una fórmula que consideró un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para, mediante diversas operaciones, concluir en un rango de percepciones que iba de 131, 315 pesos, a 164, 144 pesos al mes, ese camino tampoco prosperó y no fue sometido a votación pues no generó acuerdo interno.

Para entonces, vía acciones de inconstitucionalidad o amparos, la justicia concedió suspensiones para evitar tales reducciones salariales a funcionarios del Banco de México (BM), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros entes.

La razón principal fue que sus percepciones están garantizadas en la Constitución por tratarse de poderes u organismos con autonomía presupuestal, además de otras razones como afectación a derechos adquiridos.

Fue por eso que para sortear en definitiva todos los obstáculos Morena optó por impulsar una reforma constitucional --a pesar de que en el Senado carecía de mayoría calificada para que prosperara-- y no insistir en el camino de reformas a leyes secundarias.

El 9 de octubre de 2019 en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen de reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución para que los funcionarios de organismos autónomos y de todas las entidades toparan sus percepciones al salario presidencial.

Pero aunque el pleno camaral avaló el dictamen, no ocurrió lo mismo en el Senado, se le hicieron cambios y la minuta se devolvió el 20 de febrero de 2020 a la Cámara de Diputados. Desde entonces esa reforma quedó congelada y hoy ya muerta pues todo eso fue en la 64 Legislatura.

Para entonces la otra vía, la de lograr el objetivo vía leyes secundarias sin tocar la Constitución, seguía viva por la ruta de cumplir la sentencia de la Corte y corregir las deficiencias de la primera reforma, la basada en la propuesta de Calderón .

Pero aunque la SCJN había dado un plazo a la Cámara de Diputados para realizar las correcciones ordenadas a la ley secundaria, el límite se incumplió. A petición de los legisladores se otorgó una primera prórroga para el primer cuatrimestre de 2020, y luego ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 se concedió un segundo aplazamiento hasta diciembre de ese mismo año, mismo que tampoco se cumplió.

Así, ni por la vía de reformas secundarias, ni por la de reformar la Constitución, Morena, y el presidente López Obrador, habían logrado que se cumpliera la promesa de poner un límite a los altos salarios de los funcionarios.

El objetivo esta vez sí está cerca, ya en la recta final del sexenio, y "recargado", pues el dictamen reforma seis artículos de la Constitución para cerrar todo resquicio: ya será a nivel constitucional la orden para aplicar una reducción retroactiva a las percepciones, incluir al Poder Judicial (por tanto a los ministros de la SCJN) y a los autónomos, además de gobernadores y funcionarios estatales, quienes estarán obligados a acatar apenas se aprueben y promulguen las reformas.