El dictamen pasó con 26 votos a favor, 8 en contra y una abstención y se remitió a la mesa directiva, con lo que ya suman cinco –de 20- las iniciativas que presentó el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron dictaminadas.
En la discusión, el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, reconoció que la reforma prácticamente sería innecesaria, pues la Constitución ya establece que el Estado es rector en materia ferroviaria.
La reforma es, por tanto, “una proclama para avisar que el Estado reasume este sector de transporte ferroviario de pasajeros y que es preferente sobre el de carga”.
En contra, argumentaron los diputados panistas Héctor Saúl Téllez y Santiago Torreblanca. El primero alertó que se genera una incertidumbre jurídica sobre las concesiones, da incertidumbre a la inversión y dejará una incertidumbre sobre quién se hará cargo del mantenimiento de líneas ferroviarias que usarán tanto el sector privado como el estatal, así como el recorte de tiempos de uso para el primero.
Además tenemos “dudas fundadas en el manejo del ejército en esta empresa de participación estatal para el manejo del sistema ferroviario (pues es evidente cómo han trabajado con números negativos en el AIFA, el Tren Maya y los aeropuertos”.
Rubén Moreira, líder del PRI, destacó que con la reforma estatutaria del PRI ya erradicó ese partido su línea neoliberal, esto debido a que fue un gobierno del PRI el que privatizó el sistema ferroviario.
Por eso ahora votaron a favor con el deseo de que se construyan líneas ferroviarias que favorezcan a las poblaciones más aisladas del país, por lo que demandó que a la hora de establecer presupuesto sí se apruebe.
En ese sentido de que los trenes favorecerán al “pueblo” se pronunció el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien reclamó que el PAN sólo alegue por intereses privados.