En esta primera sesión de los Diálogos Nacionales fijaron su postura a favor diputados y senadores pero también integrantes del Poder Judicial y de manera particular dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cercanas a la Cuarta Transformación: Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, además del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.
Las dos ministras presentaron por escrito sus propuestas de reforma y las dos coincidieron en que ir a la elección en urnas de los integrantes del Poder Judicial es irreversible.
“El mandato de las urnas es claro, no podemos ponernos una venda en los ojos frente a una nueva realidad social” dijo Esquivel al plantear esa “como una medida que entre varias permitan recobrar la confianza en los juzgadores”.
“Requerimos jueces por elección popular sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar”, dijo.
Enseguida, propuso que ese relevo de juzgadores sea progresivo “para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa”.
“Hoy el reto es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa como fue el mandato popular, garantizar independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos; asegurar el conocimiento técnico especializado y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable” por lo que presentó su propuesta con 7 elementos.
Entre ellos: “elección por voto popular de todos los integrantes de la SCJN y del Tribunal de Disciplina judicial; la sustitución progresiva de jueces y juezas y magistrados; la garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles; respeto a los derechos laborales; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente y justicia para todas las personas por igual”.
Batres, por su parte, coincidió en toda la iniciativa presidencial por lo que agregó propuestas de reforma pero en materia de facultades de jueces, ministros y jueces, para que no emitan sentencias con las que busque limitar o regular al Poder Legislativo.
Que limiten sus interpretaciones y resoluciones, “absteniéndose de revivir normas que el Congreso ha abrogado o derogado, y de emitir estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
“Que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”, demandó.
Hizo énfasis en limitar las facultades de la SCJN para invalidar leyes, que se abran las sesiones de la SCJN, se publiquen los proyectos de sentencia y haya audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios, amén de “suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministros y ministras en la Corte”.
Se llevó los aplausos, pues dictaminó los males del poder judicial así: “para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial... En una palabra, es injusta”.
