Dos de las 20 iniciativas de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes al Congreso buscan incluir en la Constitución otros de sus principales programas sociales.
Aunque en 2020 ya se habían elevado a rango constitucional las pensiones para personas adultas mayores o con discapacidad y las becas a estudiantes, al considerarlos derechos constitucionales, con la nueva reforma, el presidente busca ampliar el número de personas beneficiarias.
Para ello, propone plasmar en la Carta Magna la disminución de la edad para acceder a una pensión, universalizar el apoyo para la discapacidad y la obligación de aportar cada año más recursos federales para las transferencias monetarias directas a la población.
Además, López Obrador busca que otros apoyos de sus programas sociales prioritarios se conviertan en mandato constitucional: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y Precios de Garantía.
Con su paquete de reformas, el presidente pretende que los ideales de su gobierno y partido queden establecidos en la Constitución.
“Sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y, sobre todo, eminentemente social”, declaró al presentar las iniciativas.
López Obrador busca modificar otra vez el artículo 4 de la Constitución para establecer la obligatoriedad de entregar una pensión a las personas con discapacidad sin importar su edad.
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— Expansión Política (@ExpPolitica) February 6, 2024
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Actualmente, este apoyo se otorga hasta los 64 años y prioriza a las personas menores de 18 años, indígenas, afromexicanas y en pobreza.
En la Iniciativa con Proyecto de Decreto en Materia de Bienestar, se plantea ampliar el número de beneficiarios y se propone que, a partir de los 65 años, las personas con discapacidad reciban la pensión de adultas mayores.
“De tal manera que dichas personas, durante toda su vida, recibirán una pensión no contributiva”, se lee en la propuesta.
También se sugiere agregar un párrafo al artículo 4 para incorporar la obligatoriedad del Estado mexicano a garantizar el acceso a tratamientos de habilitación o rehabilitación, sobre todo para las personas con discapacidad menores de 18 años.
El documento expone que esta reforma es necesaria porque en México 41.2% de la población con discapacidad vivía en pobreza en 2022, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
López Obrador plantea en esta iniciativa que la edad para recibir una pensión no contributiva se reduzca de los 68 a los 65 años. Aunque actualmente esta transferencia ya se otorga desde los 65 años, el presidente busca que el nuevo rango de edad quede plasmado en la Constitución.
El artículo 4, con la reforma de 2020, ya considera este apoyo social como un derecho, pero lo contempla a partir de los 68 años para la población en general y de los 65 años para las personas indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo con la iniciativa, ampliar la cobertura de la pensión garantizará el acceso a un ingreso básico que mejore la calidad de vida de las personas mayores y combata la pobreza.
Si se aprueba la reforma, el Ejecutivo estima que 3 millones de personas mayores recibirán el apoyo en 2030; otros 4 millones en 2040 y 4.5 millones en 2050.
Al considerar que este año se entregarán 6,000 pesos bimestrales a cada beneficiario, el gobierno federal desembolsaría 108,000 millones de pesos en 2030 para pagar ese número de pensiones.
Ese monto adicional crecería hasta 144,000 millones de pesos en 2040 y de 162,000 millones de pesos en 2050. En total, el gasto sumaría 414,000 millones de pesos solo en esos tres años. Estas cifras se calculan sin considerar la inflación de los próximos años y la posibilidad de que el monto de la pensión aumente cada año, como ha anunciado el presidente.
El documento establece, además, que las becas asignadas a estudiantes serán de carácter progresivo, por lo que su monto debe aumentar cada año. Para ello, el Estado debe destinar anualmente los recursos suficientes que garanticen “la transferencia de recursos directos a la población”.
La iniciativa propone adicionar los párrafos tercero a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución para garantizar un jornal seguro y justo a los campesinos que cultiven sus tierras y siembren árboles frutales o maderables, como actualmente se hace con el programa Sembrando Vida.
También contempla un apoyo anual y directo, con fertilizantes gratuitos, a los productores y pescadores de pequeña escala; así como mantener los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche arroz y trigo harinable.
En otra propuesta de reforma, López Obrador va por establecer en la Constitución la obligatoriedad del Estado para que otorgue un apoyo económico mensual a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como ya se hace a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Para ello plantea modificar el artículo 123 de la Constitución al agregar un segundo párrafo que indica:
“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley".
