El marco legal permite la reelección pero no frena los desvíos
La elección consecutiva de legisladores se incluyó en la Constitución desde 2014 y se ordenó que aplicara a partir de 2018. Pero no se han regulado en ley los controles para evitar el desvío de recursos públicos de que gozan diputados y senadores, pues pueden hacer campañas sin dejar de usar la infraestructura de oficinas, personal y recursos económicos de los que gozan.
Las normas, aprobadas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva de la Cámara, consisten en trece puntos.
Las principales buscan impedir que haya desvíos de recursos públicos del Congreso, garantizar que los legisladores no compitan en condiciones de privilegio o generen inequidad en la contienda, y permitir que las autoridades electorales fiscalicen.
Los controles principales se imponen a los diputados que deciden seguir en el ejercicio de sus cargos y además deciden conservar sus apoyos económicos, materiales y humanos.
En esos casos, podrían sufrir el descuento de su día de dieta correspondiente, si se ausentan de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, de trabajos de comisiones o comités.
Se establece que tendrán prohibido faltar a sus funciones, incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña y “no podrán participar en eventos de carácter proselitista en los días en que se encuentren obligados a desempeñar su cargo”.
Deberán, además, abstenerse de usar los recursos públicos, “tanto humanos como materiales y económicos inherentes a su función para un fin distinto al que están destinados, para influir en la voluntad del electorado o en actos de campaña o en cualquier otro de proselitismo político”.
Además, se les restringe y no podrán prometer o condicionar programas sociales, servicios u otro trámite ante instancias gubernamentales, ni podrán intervenir de modo alguno en facilitar u obstaculizar ningún tipo de trámite o en cualquier otro de proselitismo político.
Pese a estos controles el acuerdo camaral establece que la comprobación y fiscalización de los apoyos económicos que se otorguen a los diputados “se regulará a través de la normatividad interna de la Cámara de Diputados”.