Modificación de calendario electoral afectará la fiscalización de precampañas
Consejeras electorales advierten que el plazo para revisar los recursos que reciben los partidos políticos para las precampañas se redujo de 57 a solo 40 días, lo que acota su análisis.
Los consejeros del INE fijaron fechas nuevas para el proceso de fiscalización.(Foto: INE)
Guadalupe Vallejo
Luego de un ajuste ordenado por el Tribunal Electoral en los tiempos de precampañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con 40 y no 57 días para fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos durante las precampañas electorales, dejándolo al límite de hacer las revisiones antes de que inicien las campañas federales el próximo 1 de marzo de 2024.
Se trata de nuevos plazos que modificó Consejo General del INE, lo que redujo el margen de maniobra que tenía el personal del Instituto para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos y candidatos independientes por cualquier tipo de financiamiento.
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Las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala advirtieron en entrevistas por separado sobre el riesgo que implica la reducción de los plazos para la fiscalización del periodo de precampaña, ya que, de entrada, podría restar la calidad de las mismas.
“Creo que hay un riesgo de la calidad y la profundidad con que se debe revisar, porque cuando te enfrentas un proceso de fiscalización nunca sabes al final de cuentas cuánto vas a fiscalizar”, anotó Humphrey.
Al coincidir con Humphrey de que la reducción de plazos podría afectar la calidad de la fiscalización, Zavala dijo que son menos días para una contienda con mayor número de aspirantes.
“Materialmente, el tema es ¿cómo le vamos hacer para revisar, con todo mi equipo, los más de 4,000 y tantos dictámenes sólo de la elección federal (Presidencia de la República, así como elecciones para diputados y senadores)?”, cuestionó.
Incluso, durante la sesión del pasado 12 de octubre, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comentó que, si bien se trata de una situación compleja, implicará mayor compromiso institucional para salir adelante y cumplir con las actividades de fiscalización en tiempo y forma.
Vaticinó que el INE, como en otras ocasiones, saldrá airoso y con niveles de excelencia.
“Estamos ante un cumplimiento de sentencia –para modificar el inicio de las precampañas para 2024– que nos hace tener exigencias diferentes. Sí, tendremos y vamos a encontrar el camino para darle respuesta y cumplir con la calidad que debemos con estos procesos de fiscalización”, garantizó.
Fue en la sesión del Consejo General del pasado 12 de octubre cuando se modificó el inicio de las precampañas, para que se realicen del 20 de noviembre 2023 al 18 de enero del 2024. En la discusión, al inicio sólo cinco de los 11 consejeros coincidieron en ese sentido, pero, al final, la mayoría votó por el cambio de fechas.
El INE había establecido que las precampañas se realizarían del 5 de noviembre del 2023 al 3 de enero del 2024. Además, había fijado que éstas no podrían durar más de 60 días.
Pero, en acatamiento a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenó que las precampañas debían comenzar la tercera semana de noviembre, fue que modificó las fechas de inicio.
Con la fiscalización, se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano, indicaron las consejeras.
El consejero Jorge Montaño, en calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, estimó que los plazos aprobados son viables y sostuvo que no hay condiciones que pongan en riesgo el resultado de la Unidad Técnica de Fiscalización.
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Modificación de fechas pone en riesgo calidad de fiscalización
Además, el INE otorgó un plazo de tres días a los partidos políticos, una vez concluidas las precampañas, para presentar sus informes de ingresos y gastos, criterio que también ratificó la sala superior de TEPJF.
Ello, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) realice las indagatorias correspondientes, elabore y envíe el proyecto a la Comisión del ramo que, una vez aprobado, lo deberá remitir al Consejo General, para su modificación o aprobación. Con ello, se cumple con la llamada rendición de cuentas.
La consejera Carla Humphrey explicó que ella emitió un voto particular y argumentó las razones del mismo por los riesgos:
“No se reduce un solo día a las precampañas de los partidos políticos, pero se reduce de manera importante el plazo para la fiscalización a 40 días, lo que pone en riesgo la calidad de las labores de verificación y comprobación de los recursos utilizados por partidos y precandidaturas”, alertó.
En entrevista con Expansión Política, consideró que operativamente esa situación genera una presión adicional a la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica.
La consejera Carla Humphrey expuso los riesgos de realizar una fiscalización con el tiempo contado.(Foto: @C_Humphrey_J )
Como ejemplo de las implicaciones de este cambio, dijo que en la notificación de oficios de errores y omisiones, se tenía contemplado originalmente una duración de 15 días y ahora se redujo a 13.
Mientras que el plazo para la elaboración del dictamen y resolución para la Comisión pasó de 10 a 9 días:
"En lo que concierne al plazo que tienen los partidos políticos nacionales para dar respuesta sigue vigente el término de 7 días”
Carla Humphrey
“El INE se va enfrentar a una reducción importante de los plazos de fiscalización que quedaron un poco más de 40 días. La verdad es que es un esfuerzo importante institucionalmente, yo voté en contra incluso presenté un voto particular porque me parece que es lo que tuvimos que haber hecho. La legislación establece un máximo de hasta 60 días para las precampañas, teníamos que haber reducido el plazo de las precampañas de los partidos políticos”, explicó.
La consejera Humphrey destacó que el INE debe tener claridad de que los partidos políticos cumplieron, por ejemplo, con el tope de campaña, el origen lícito de los recursos, el destino y la aplicación de éstos.
“Y esto podría incidir, en su caso, que los candidatos o candidatas ya registrados pudieran perder el registro ya en una tapa de campaña, si esto si generaría una afectación para las personas que estén en una nueva candidatura o tengan que registrar los partidos políticos de qué se reducen sus tiempos de campaña.
La ley electoral establece que, bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos e iglesias.
Tampoco, de organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas. Es así que la fiscalización busca mantener la equidad en la contienda y evitar el posible ingreso de dinero ilícito o de otras vías, no autorizadas por el Instituto.
La rendición de cuentas es la obligación que tienen los partidos políticos de informar y explicar de manera transparente y clara los montos, uso y destino de los recursos que utilizan para sus actividades.
La revisión de los informes, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de los recursos, de la contabilidad y de la situación financiera de los partidos políticos está a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), quien es supervisada por la Comisión de Fiscalización y aprobados sus proyectos de resolución por el Consejo General del INE.
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La “solución” no es contratar más personal: Zavala
Por separado, la consejera Claudia Zavala insistió en que la reducción de plazos para fiscalizar los informes de ingresos y gastos de los partidos, le dejan al INE menor margen de maniobra para realizar su tarea.
“En realidad, es el tiempo que me dejan a mí para revisar, porque nosotros vamos a tener que revisar el dictamen consolidado, su resolución, todas las quejas que se presenten al mismo tiempo que sale con el dictamen. Me dan muy pocos días para hacer esa revisión”, advierte.
En entrevista, comenta que tanto el Código como el Reglamento Electoral otorgan al INE seis días para revisar los procesos de fiscalización “y antes, viene para la Comisión (de Fiscalización), Todo eso se está reduciendo a dos días”.
La consejera Zavala también advierte de los riesgos de una fiscalización exprés.(Foto: Octavio Ortega)
"Cómo le vamos hacer para revisar, con todo mi equipo los más de 4,000 y tantos dictámenes sólo de la elección federal”
Claudia Zavala
Se le pregunta si se podría contratar más personal para poder apresurar los tiempos, pero descarta que sea la solución:
“¿Y quién va a hacer mi trabajo? Puede haber un equipo grande, pero la que va a votar (al seno del Consejo General) soy yo, y la que tiene que revisar (los dictámenes) soy yo, con mi equipo. Y, por más que nos pongamos todos a trabajar de día y de noche, el tiempo va a ser insuficiente. Ese es el planteamiento que le hacemos al Tribunal Electoral”, resaltó.
Expresó que este recorte de tiempo debilita el trabajo de fiscalización:
“No debemos de soslayar el gran tema que significa fiscalizar los recursos que se están ejerciendo por parte de las fuerzas políticas; debilitar los plazos para que esta autoridad pueda revisar y pueda ejecutar esos actos procesales tiene que ver con la calidad de la fiscalización”, remarcó
Durante la votación particular del cambio de fecha del inicio de las precampañas, el pleno aprobó la inclusión de un resolutivo a propuesta del consejero Arturo Castillo que establece:
“En caso de que la Unidad Técnica de Fiscalización advierta cuestiones técnicas que le impidan dar cumplimiento al calendario de fiscalización de los informes de ingreso y gastos de precampaña, deberá informarlo inmediatamente a la Comisión de Fiscalización, la que podrá proponer al Consejo General la modificación correspondiente a dicho calendario, a efecto de que se desarrollen adecuadamente las etapas del proceso de fiscalización”.
La modificación del inicio de las precampañas, para el próximo 20 de noviembre, modificó también otras fechas electorales, entre ellas, que los partidos deberán notificar hasta ese día, si decidan competir en coalición, a fin de entregar su respectivo convenio de coalición al Instituto.
Además, los legisladores que busquen reelección tendrán que informarlo a sus partidos y al INE antes del 19 de noviembre.
En tanto que las quejas que pudieran derivarse de los procesos internos de selección de candidatos realizado por los partidos políticos deberán quedar resueltas en su totalidad antes del 14 de febrero de 2024, en aras de proceder con el registro de los candidatos definitivos, un día después, es decir, el 15 de febrero de ese mismo año.
