En este caso también ya hay desacato, pues el plazo era el 30 de septiembre de 2022. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cuenta con 10 iniciativas pendientes de dictaminar sobre el tema.
Es la misma circunstancia de la sentencia del TEPJF, emitida al resolver un juicio promovido por diputados del PRD, y que concluyó con la orden al Congreso para que emita reglas que acaten el principio de paridad a partir de la próxima integración de la Comisión Permanente. Este es otro caso de desacato pues el plazo venció el 15 de noviembre de 2022.
El pendiente de reconocer el derecho de las audiencias en materia de radio y televisión y establecer garantías o mecanismos de protección y defensa de sus derechos también fue resuelto en un amparo (1031/2019) y en la SCJN se emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad: 4/2022 y aunque no se vinculó al Congreso, quedó el vacío legal, por lo que se considera que se debe regular.
La emisión de una ley sobre derechos de las audiencias es resultado de que se invalidara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la acción de Inconstitucionalidad 150/2017 y 153/2017, pero no se determinó un plazo para cumplir.
Respecto a la orden de regular la actuación del personal del Registro de Detenciones cuando se susciten hechos o eventos, ya sean externos o internos, que pongan en riesgo la información contenida en la base de datos , la orden se expresó en la sentencia del 24 de enero de 2023 al resolver la acción de Inconstitucionalidad 63/2019; el plazo para acatar vence el 15 de diciembre de 2023.
El 17 de abril de 2023 la Corte falló que el Congreso debería emitir legislación relativa en el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, previa consulta a personas con discapacidad, así como a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y el Plazo para hacerlo concluirá el 19 de abril de 2024.
El 3 de febrero de 2022 la SCJN ordenó al Congreso establecer mecanismos de impugnación en el proceso de revocación de mandato del Presidente. Esto fue derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 151/2021 y el plazo venció el 15 de diciembre de 2022, es decir, hay incumplimiento.
También la Corte emitió declaratoria de Inconstitucionalidad 3/2023 sobre un artículo la Ley de Instituciones de Crédito, por considerar que se viola el secreto bancario por solicitar información a las autoridades financieras sin autorización; el plazo para legislar concluye al finalizar este periodo Ordinario de Sesiones, el 15 de diciembre.
El Congreso también deberá legislar sobre el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para superar la inconstitucionalidad declarada por la Corte, e igualmente el límite es el 15 de diciembre.
En cuanto a la regulación del uso de la cannabis en actividades distintas a las médicas y científicas el nuevo plazo conseguido es este periodo ordinario de sesiones que acaba en diciembre.
El mismo caso es para expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias –cuya minuta le envió el Senado a la Cámara- en el periodo ordinario que termina el 15 de diciembre del 2023.
Ese límite de tiempo vencerá también para legislar en las leyes generales y federales para armonizarlas con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Y por último, no hay plazo para legislar el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para ordenar que el IFT siga regulando los Códigos de Ética.
