Esto corregirá el traslape en el tiempo que propició la reforma electoral de 2014, en la que se estableció, en aras de que no hubiera un largo periodo de transición para el presidente electo, que en el año de renovación presidencial el mandatario asuma en octubre y los diputados iniciaran funciones el 1 de agosto y no hasta el 1 de septiembre.
Dado que en 2024 los diputados y senadores en funciones aún estarán en sus cargos en agosto, cuando los nuevos legisladores electos deban asumir el cargo, se buscó resolver ese conflicto al establecer que la actual 65 Legislatura terminará hasta el 31 de agosto y la nueva, la 66 Legislatura, iniciará hasta el 1 de septiembre.
El dictamen en ese sentido se dio por consenso de todas las fuerzas políticas, aunque legisladores de Morena y Partido del Trabajo expresaron dudas y se avaló en sesión de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que sesionó en conferencia junto con la misma Comisión del Senado para agilizar el trabajo legislativo.
La iniciativa de reformas fue propuesta originalmente por el Revolucionario Institucional (PRI), pero también se dictaminaron dos propuestas de Morena, una del líder de los diputados de ese partido, Ignacio Mier, y otra del coordinador de los senadores guindas, Eduardo Ramírez, todas en el mismo sentido.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Eduardo Ramírez, explicó que no resolver la duplicidad hubiera generado incluso duplicidad de salarios de legisladores, asesores y asistentes técnicos, durante un mes.
El diputado Santiago Torreblanca, del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que los actuales diputados y senadores fueron electos hasta agosto de 2024, pero ese mes habría dos legislaturas simultáneas, lo que implicación conflicto presupuestal e imposibilidad de sesionar y que mil personas tendrán facultad de iniciativa.
Una primera solución, que se decidiera terminar la actual legislatura concluyera en julio de 2024, implicaría que con uno de los legisladores se inconformara jurídicamente pondría en jaque el funcionamiento del Congreso.
Una segunda solución sería que de manera transitoria la nueva legislatura iniciara funciones en septiembre y la tercera opción consiste en que esta legislatura concluya en agosto, lo que resolvería el problema presente y futuro, pues no existe razón para haber adelantado la Legislatura.
El panista explicó que no se afectan derechos de legisladores, pues los nuevos no han sido electos no siquiera se ha emitido convocatoria e elección y tampoco se afecta a los ciudadanos.
Esta, explicó el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, no es una reforma electoral, no afecta a ningún contendiente del futuro proceso electoral, no interfiere con ventaja o desventaja y tampoco hay afectación presupuestal.
El senador panista Damián Zepeda destacó que aunque las comisiones de las dos cámaras dictaminarán por separado, sesionar en conferencia permitirá que las reformas transiten con más rapidez y consenso.
La morenista Susana Prieto y el petista Pedro Vázquez expresaron sus dudas sobre las iniciativas dictaminadas. La primera objetó que se “restaría” al presidente un mes para ejercer derecho de iniciativa preferente, pero le explicaron que el nuevo presidente entrante “en agosto no habrá iniciado en funciones todavía, va a entrar hasta octubre”.
