En 'fast track', diputados avalan reforma para asignar Tren Maya a Sedena

A toda velocidad, en dos horas, los legisladores aprobaron las modificaciones por las que se crea la figura de "asignación", adicional a la de concesión, y se faculta al Ejecutivo “asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación, por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social y sin necesidad de licitación”, según lo presentado por el diputado Sandoval Ballesteros.

Se trata de una asignación “infinita”, acusó Arturo de la Garza, diputado de Movimiento Ciudadano, al evidenciar que previamente se autorizó a la Sedena la confirmación de cinco entidades paraestatales para la administración del Tren Maya y de aeropuertos, con lo que ahora podrá libremente operar la línea del ferroviaria del sureste.

Denunció que debido a que la Sedena reserva toda información como de seguridad nacional, todo el manejo de esa infraestructura será en opacidad.

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La diputada del Partido del Trabajo, Araceli Celestino Rosas, recordó que el 13 de abril de 2022 se autorizó la creación del Grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca – Maya - Mexica S.A de C.V. coordinado por Sedena “es una entidad paraestatal por lo tanto podría verse beneficiado” con la asignación que ahora autoriza la reforma legal.

La reforma –enviada al Senado para su aprobación– establece que los títulos de asignación de vías férreas deben mantenerse siempre en manos del Estado y que debe existir una temporalidad indefinida.

Para ello el Ejecutivo ejercerá sus facultades por conducto de la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones (SICT).

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El título de asignación de vías férreas a favor de entidades paraestatales “tendrá una vigencia indefinida y una vez otorgada “dicha asignación no podrá cederse o transferirse bajo ningún título y solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen”.

Es por esta redacción que la oposición alertó que se trata de asignaciones eternas y además sin licitación ni competencia.