Los autores de la propuesta son diputados tanto de Morena y sus aliados el PT y PVEM cono PRI, PAN y PRD de la oposición, con la que tratan de para poner un alto al TEPJF ante supuestos “excesos”. Solo la bancada de Movimiento Ciudadano rechazó la propuesta.
La reforma se plantea a cuatro artículos de la Constitución para establecer que en sus sentencias el Tribunal debe limitarse a lo que establezca literalmente la Constitución y las leyes electorales, sin interpretarlas; no tendrá facultades para resolver casos relacionados con el Congreso.
Además sólo el Congreso podrá establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables a cargos de representación.
Con estos cambios se dejaría “la protección y el respeto de nuestros derechos humanos a discrecionalidad o voluntad de los partidos” y el TEPJF estaría impedido, como hace hoy, a realizar una interpretación de disposiciones constitucionales, vía mediante la cual desde 2017 se ha obligado a los partidos políticos a abrir espacios a grupos minoritarios.
Las organizaciones recordaron que esto fue posible por la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, pues esto obligó al Poder Judicial a juzgar con esa perspectiva y el Tribunal Electoral favoreció entonces a grupos minoritarios; impulsó la paridad, la postulación obligatoria de personas con discapacidad o de la diversidad sexual, migrantes o comunidades afromexicanas, entre otros.
Fue por esas resoluciones que “las dirigencias nacionales se han visto emplazadas a respetarlas e incluso a repetir procedimientos para elección candidaturas, además de recibir sanciones por incumplir la normativa de cuotas efectivas” recordaron.
Pero ahora si se le quitan facultades y sin poder controlar a los partidos se afectarán derechos de los ciudadanos, insistieron en la carta.
Los partidos quieren “despojar al Tribunal de su propia naturaleza, la cual es salvaguardar la constitucionalidad de los actos de los partidos políticos y del propio Estado en favor la ciudadanía y del respeto a sus derechos. En caso de aprobarla, el Congreso impediría, desde la propia Constitución, que el TEPJF pueda sancionar y obligar a los partidos y a las Cámaras a cumplir con la ley, específicamente, en materia de acciones afirmativas”.
Entre los firmantes está el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción AC, el Colectivo de Personas con Discapacidad, Educación Especial Hoy, Empodera T CDMX, la Federación Nacional de Sordociegos de México A.C. y la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad (FINDEDIS).
Movimiento Ciudadano (MC), el único partido que no apoya la iniciativa, denunció que la reforma limitaría el actuar del TEPJF para que ya no pueda decidir sobre acciones afirmativas para grupos minoritarios, paridad de género y procesos internos de los partidos.
"La propuesta debilita el avance democrático y da término a 26 años de trabajo y consolidación de este órgano especializado para garantizar los derechos político electorales", indicó MC en un posicionamiento.
"Recapaciten", pidió la organización Sociedad Civil México, que en el pasado ha convocado a las marchas para defender al INE de las reformas de López Obrador.
"Llamamos a los grupos parlamentarios a que atiendan la preocupación de la ciudadanía en relación a esta iniciativa de reforma constitucional y pospongan la discusión de dicho dictamen para después de la elección (presidencial) de 2024", indicó en un posicionamiento.
En tanto, grupos que representan a poblaciones históricamente discriminadas, como LGBT+ Rights México, el Colectivo de Personas con Discapacidad, YAAJ México y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, advirtieron de retrocesos en la su representatividad.
Estas agrupaciones consideraron que se podrían perder avances, como los escaños y candidaturas que el TEPJF ha ordenado respetar para estas poblaciones.
"Esta iniciativa en Diputados es muy preocupante. Impediría que el TEPJF haga cumplir las reglas sobre la participación equitativa de mujeres, personas LGBT y otras minorías en la política", coincidió Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) en Twitter.
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Según los legisladores de seis partidos que la impulsan, los magistrados violaron la soberanía del Poder Legislativo al haber revocado, el 23 de diciembre y luego el 22 de febrero, la convocatoria para selección a los tres consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y haber ordenado que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) funcionara con autonomía, y luego ordenar que se eligiera una presidenta del INE mujer.
Previamente Morena y PRI habían expresado su rechazo a la sentencia del TEPJF que les obligó en la Cámara de Diputados y en el Senado a dar más espacio a MC en la Comisión Permanente, pues sus diputados habían sido excluidos pese a ser la cuarta fuerza.
Así desde diciembre anunciaron controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acciones jurídicas para frenar lo que consideraron violatorio a su decisión; el 27 de marzo cristalizó el freno al Tribunal con esta iniciativa firmada por los seis partidos, excepto Movimiento Ciudadano.
-Con información de EFE.
