Otras dependencias con observaciones por falta de comprobación de gasto fueron, en 4.7% de los casos, órganos descentralizados locales; 3% en universidades publica estatales; 2% en poderes judiciales locales, el 0.6% en dependencias federales en los estados; 0.2% en congresos locales y 0.2% órganos administrativos desconcentrados.
El auditor especial del gasto federalizado, Emilio Barriga, dijo que la principal observación en las revisiones al gasto federalizado es que hay “muchas obras pagadas no ejecutadas”.
Es decir, “se paga la obra, llegan los auditores a revisarla y resulta que esa obra o no existe o no está concluida y ese es la principal observación que realizamos en materia de obra pública, se trata de obra pagada y no ejecutada“.
Barriga expuso que las entidades fiscalizadas a nivel subnacional fueron incapaces de integrar correctamente los expedientes que acreditaran la correcta trazabilidad del gasto federalizado, y a su juicio ese nivel de falta de comprobación ahora detectado se explica porque en 2021 se amplió la revisión a los municipios, de 200 a 616 ayuntamientos.
“Muchos de ellos no habían recibido a la ASF nunca, fue la primera vez que tuvieron acercamiento con nosotros (y tienen que) aprender a integrar expedientes”, sobre todo en los casos donde hubo cambio de administración o fueron auditados por primera vez, indicó.
Claudia María Bazúa, auditora especial de cumplimiento financiero, expuso por su parte que en materia de obras la principal falla detectada es en la presentación de expedientes, “fundamentalmente han sido falta de documentación, de estudios de mercado” o de documentación de alguno de los participantes en procesos de licitación.
Ese fenómeno “lo hemos visto quizá con gravedad y lo hemos así expresado y manifestado en Segalmex, donde no han aplicado ningún criterio que pudieran ellos presentar y validar sobre esas adquisiciones. Quizás hay algunos en las que sí pero en las observaciones su principal problema es el de las contrataciones públicas”, dijo al recordar ese caso, en el que se ha acreditado irregularidades que hasta ahora rebasan los 15,000 millones de pesos.
En materia de revisión a las obras públicas, Colmenares reconoció que en el pasado se ha sugerido a la ASF mejorar su estructura y “separar el área de inversiones físicas para crear un área especializada en obra pública”, según han recomendado Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Aunque la reunión realizada hoy entre diputados y la ASF no fue una comparecencia sino mesa de trabajo, Colmenares fue cuestionado por las diputadas Lidia García Anaya, de Morena, y María Elena Pérez Jaén, de Acción Nacional (PAN), porque de nueva cuenta sólo estuvo virtualmente y decidió no acudir a la sede legislativa, a donde no se ha presentado desde que comenzó la pandemia, en contraste con sus subalternos, quienes sí acudieron.
García Anaya (Morena) planteó al auditor la necesidad de incorporar a su programa Anual de Auditorías revisiones a temas prioritarios que no fueron contemplados en las 2,104 revisiones programadas a la Cuenta Pública 2022.
