El Senado aprueba hasta 22 años de cárcel por matrimonio infantil en México

La reforma fue aprobada por unanimidad de 90 votos de todas las bancadas y establece que es cohabitación forzada la que se comete en contra de personas menores de 18 años, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de las que no tienen capacidad para resistirlo.

Comete el delito de cohabitación forzada “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.

Ese delito será sancionado con penas de prisión de ocho a 15 años, pero, si la víctima es integrante de una comunidad indígena o comunidad afromexicana, la pena será de 12 años hasta 22 años y medio.

Respecto a las multas, el decreto aprobado menciona que serán en “salario diario” y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Si se trata de salario mínimo vigente, que es de 207.44 pesos en este 2023, la multa será de mil a 2,500 días: de 207,440 pesos a 518, 600 pesos.

En Unidad de Medida y Actualización (103.74 pesos) la sanción sería de 103,740 pesos a 259,350 pesos.

Si la víctima es integrante de una comunidad indígena o comunidad afromexicana, la pena será 12 años y 311,160 pesos o hasta 22 años de cárcel y 778, 029 pesos.

Impacto del matrimonio infantil

El dictamen establece que ese tipo de uniones con menores de 18 años tiene consecuencias negativas, pues al ser separados de su familia y amigos “pierden la libertad de relacionarse con personas de su edad, participar en actividades comunitarias, sus oportunidades educativas se reducen, así como la construcción de un proyecto de vida”.

Además, ese delito puede derivar en la comisión de otros ilícitos y abusos, como la realización de trabajos forzados, prostitución y violencia contra los infantes, embarazos prematuros, mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras.

La iniciativa fue presentada en abril de 2022 por la diputada Karen Michel González Márquez de Acción Nacional (PAN) y la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Revolucionario Institucional (PRI). El mismo mes, el día 26, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con la reserva del diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres, de Morena, quien propuso elevar las sanciones de cárcel y multa si la víctima es parte de una comunidad indígena o afromexicana.

González Márquez mencionó en su propuesta que “resulta vergonzoso y una auténtica afrenta que México ocupe el lugar ocho entre los 20 países con mayor número de matrimonios infantiles".

Exigió hacer prevalecer el respeto a los derechos humanos y a la integridad de las y los menores de edad.

Los matrimonios infantiles o equiparables también son una expresión de la desigualdad, dijo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (Inegi), 423,000 niñas fueron obligadas a casarse, 339,000 a través de un robo o intercambio.

Tras su aprobación en 2022, ese mismo día se remitió la minuta al Senado de la República, pero fue hasta el pasado 11 de marzo que la dictaminaron, un año después, y hoy fue presentada ante el pleno, donde fue aprobada.

En la discusión, la senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, advirtió que no es válido el argumento de usos y costumbres en comunidades indígenas y afromexicanas para validar la cohabitación de un adulto con una persona menor.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, también del PAN, reconoció a las promoventes de la iniciativa, originada a raíz de un caso de abuso sexual en Guerrero, lo que hizo patente la urgencia de legislar en favor de la protección de la niñez y adolescencia mexicana.