Los casos más recientes se registraron en Allende y Dolores Hidalgo, Guanajuato; en Morelia, Michoacán, y en Calpan, Guadalupe Victoria y Jonotla, Puebla.
Los matrimonios infantiles –según esta investigación– siguen ocurriendo con la participación de las autoridades, pues "funcionarios del registro civil, jueces de paz y síndicos municipales son algunos de los servidores públicos que, a través de distintos mecanismos, avalan que niñas y niños vivan juntos o con alguien mayor, pese a la prohibición de ley".
"Tan solo en Guerrero, los jueces de paz –integrantes del Poder Judicial– han emitido 36 actas de 2015 a 2022 para respaldar que dos menores vivan juntos por 'voluntad propia', según el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero", apunta el reportaje.
A los registros civiles y los jueces de paz se suman los síndicos municipales, funcionarios que dan su aval para que niñas y niños se unan de manera informal, según la investigación.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés, más conocido como Unicef, destaca que esta práctica es un claro reflejo de las normas sociales y culturales existentes y una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, principalmente contra las niñas.