El bloque opositor en el Congreso de la Unión y autoridades electorales han advertido que acudirán a todas las instancias jurídicas, legales y constitucionales para echar atrás el “regresivo y anticonstitucional” “Plan B” de la reforma electoral.
A través del referido plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y aliados avalaron, entre otros, las nuevas reglas sobre propaganda que permitirán la libre autopromoción de servidores públicos.
Con las reformas se crean nuevas reglas con las que los servidores públicos podrán emitir posicionamientos y difundir vía redes sociales, espectaculares, bardas o cualquier otro tipo de propaganda con uso de su voz o imagen, haya o no elecciones federales o locales en curso, lo que hasta hoy estaba restringido y sancionado.
Los cambios van a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A decir del senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, con la aprobación de esas leyes, las llamadas “corcholatas” podrán no solo hacer campaña electoral, sino contratar campañas, lo cual estaba prohibido por la ley.
“Significa además que el canciller Marcelo Ebrard), Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López pueden difundir y utilizar campañas públicas. Incluso, pueden contratar campañas, cuando antes estaba prohibido y solo se podían hacer con motivos educativos, de salud y de protección civil”, comentó a Expansión Política.
Además, se abre un modelo de comunicación gubernamental y los servidores públicos “no cometerán un delito si difunden mensajes o participan en las campañas, ¿y qué significa eso?, por ejemplo, que las mañaneras no pueden ser interrumpidas”, expuso Álvarez.
El senador aseguró que con la aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas, “le quitan el carácter de responsabilidad o de incurrir en un delito a los servidores públicos que hagan eso, con lo cual no pierden el modo honesto de vivir y como requisito de elegibilidad”.
Las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Medios de Impugnación en materia Electoral, que buscan reformar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), incluidas en el “Plan B”, no contaron con suerte, por lo que fueron remitidas nuevamente al Senado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que se carece de la mayoría necesaria para convocar a periodo extraordinario en la Cámara Alta, por lo que los cambios podrían concretarse hasta febrero del 2023.
Álvarez Icaza detalló que Morena y aliados intentaron pasar dos dictámenes como uno solo, lo que derivó en una larga discusión, dado que cada uno debe ser presentado en sus términos.
“Y, efectivamente, no se podrá hacer un periodo extraordinario porque no se cuenta con los votos”, acotó.
Una vez recibida la minuta, si el Ejecutivo no tuviese observaciones, deberá ordenar la publicación de las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
A partir de ello, los actores o ciudadanos interesados contarán con 30 días para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional o un amparo, según sea el caso.
“Lo que presentará el bloque de contención es una acción de inconstitucionalidad. Quien presenta controversia, son quienes sienten su ámbito de competencia inválido (el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)”, expuso Álvarez.
Ya el pasado 7 de septiembre, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una demanda de amparo contra el llamado “Plan B”, que aprobó Morena y sus aliados, que incluye modificaciones de forma y fondo al árbitro electoral.
“Ayer se sentó un precedente muy grave. Se aprobó y discutió el mal llamado ‘Plan B’ de Morena sin que estos paquetes de iniciativas estuvieran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Hoy presentamos una demanda de amparo ante esta violación al proceso legislativo”, informó el emecista en redes sociales.
En tanto, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), también han adelantado que, una vez que las leyes se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, comenzará la defensa jurídica.
También los 11 consejeros electorales, encabezados por su presidente Lorenzo Córdova, fijaron su posición sobre el referido “Plan B” y advirtieron que acudirán a todas las instancias y vías jurídicas para frenar el “Plan B”.
“De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución”, dijo Córdova Vianello.
Además, aclararon que serán empáticos con las acciones que los trabajadores del Instituto decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.
El senador Emilio Álvarez Icaza indicó que tras la publicación de las leyes, comenzará la defensa jurídica e incluso, no descartó incurrir a instancias internacionales.
Respecto a si los legisladores apoyarán jurídicamente a los trabajadores del INE, dijo que no han entablado ninguna comunicación con ellos, “pero si tienen interés, por supuesto que lo podemos hacer”.
Sobre los visos de inconstitucionalidad que el bloque opositor asegura tiene el “Plan B”, el ministro Arturo Zaldívar comentó que una vez que los recursos lleguen a esta instancia se les dará celeridad.
“Seguramente este tema, una vez que se apruebe, va a llegar a la Corte, como están llegando todos los temas polémicos. La Corte se ha convertido, desde hace tiempo, en el equilibrador de los Poderes (de la Unión) y, obviamente, cuando se emiten leyes y sobre todo de este tipo (electoral) que son muy polémicas, lo lógico es que lleguen a la Corte”, anotó.
Entrevistado en el programa de Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, se reservó su derecho a opinar, ya que, en su momento, deberá fijar su posición en el Pleno, donde garantizó que se actuará con mucha responsabilidad y seriedad.
Sobre la votación, detalló que la Constitución establece un sistema de mayoría calificada para invalidar una Ley. “Se requieren ocho votos para invalidar una ley”, planteó. Y dijo que la votación se puede ver desde dos vertientes:
“Desde un lado se puede decir: es una deferencia al legislador democrático para que solamente la Corte pueda invalidar una ley por efectos generales, cuando tiene una mayoría calificada”.
Pero, por el otro lado, “se puede decir, lo que acabas de manifestar: basta cuatro votos –y aunque siete ministros digan que es inconstitucional-, se queda la ley”.
El ministro presidente dijo que nunca ha estado de acuerdo con la mayoría calificada.
“A mí me parce que lo correcto sería que con una mayoría simple –cuando una mayoría de la Corte determina que una ley es inconstitucional-, tendría que invalidarse como sucede en la mayoría de los tribunales del mundo”, indicó.
