Lo aprobado hoy, primer cambio en materia electoral de la 65 Legislatura, no forma parte del paquete de enmiendas que integran la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino una propuesta aislada de Morena, pero que había concitado el apoyo multipartidista, pues busca que las multas por irregularidades cometidas por los partidos les sean menos gravosas.
El dictamen avalado establece “que el monto total de la reducción y/o retención de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos, no podrá exceder el 25 por ciento de la ministración mensual que corresponda”.
En un segundo artículo transitorio quedó que “todas las obligaciones en materia de fiscalización emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, deberán ajustarse de manera inmediata”, y en el tercero transitorio se ordenó al INE a modificar en 30 días la normatividad conforme a la reforma.
Sin embargo, en lo general la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) casi había alcanzado consenso, pues recibió 466 votos en favor, de Morena y sus aliados, más Acción Nacional (PAN), con 21 votos en contra y 27 abstenciones, la mayoría de Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, tras la discusión en lo particular, en la que el diputado del PAN Xavier Azuara propuso -pero la 4T rechazó- modificar la redacción para que todas las obligaciones de fiscalización de los partidos entraran en vigor “a partir del ejercicio fiscal en que se apruebe” y no de manera “inmediata” como propuso Morena, los panistas cambiaron el sentido de su voto.
De acuerdo con Azuara, con esa propuesta (que no pasó) lo que se buscaba era que el INE realizara las modificaciones reglamentarias correspondientes en materia de obligaciones de fiscalización y esto impactara en las multas futuras, no en las que ya fueron impuestas y para las que ya se realizan los descuentos en las ministraciones mensuales.
Con la propuesta se buscaba evitar “el reajuste que tendría que realizar el INE” en cuanto al cobro de ministraciones ya en curso, pues “ya todos los partidos políticos tenemos considerados porque sabemos las faltas en que hemos incurrido”.
Es decir, aunque el proponente, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, quien fue representante de ese partido ante el INE, aseguró que la reforma no será retroactiva, en los hechos sí se reducirán los descuentos futuros que realice el organismo en cuanto entre en vigor el cambio, aunque las multas ya hayan sido impuestas en el pasado y por conductas ya juzgadas.
Gutiérrez expuso en tribuna que el objetivo de la reforma “no es reducir ni condonar multas, sino modificar el tope de reducción para que en lugar de que sea de 50% sea de 25%”.
La única excepción de esa reducción será cuando las multas sean por cuestiones de violaciones de género y “es una reforma para el futuro, no de aplicación retroactiva”.
El petista Benjamín Robles explicó que el descuento de 50% en multas era un “incentivo perverso, pues provoca que los partidos gasten los recursos con tal de no devolverlos”.
A su juicio tal descuento “rompe la equidad cuando se deja a un partido atado de manos”. Aseguró que al imponer el monto de reducción de ministraciones el INE ha actuado con “parcialidad” y en perjuicio de los partidos “que no somos sus comparsas”.
