El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, recordó que esas reformas a leyes secundarias, promulgadas el 9 de septiembre, se realizaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Ley Ascensos y Recompensas.
Esas reformas, argumentó, violan el artículo 21 Constitucional, el cual marca que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues con los cambios se aprobó que será la Sedena la que controle operativa y administrativamente a la Guardia Nacional.
El senador Damián Zepeda recordó que estas reformas recurridas fueron distintas, y previas a las que hoy están a debate aún en el legislativo.
Estas serán nuevamente analizadas en la Cámara de Diputados, si son cambios a la Constitución y amplían el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad hasta 2028.
Pero las reformas que fueron impugnadas ayer ante la SCJN fueron el paso previo en la estrategia de militarización del país. Se aprobaron entre fines de agosto y principios de septiembre, fueron promulgadas el 9 de septiembre, e impactaron cuatro leyes secundarias, por lo que bastaron los votos de Morena y sus aliados, y fueron rechazadas por toda la oposición.
Rementería recordó que esta acción de inconstitucionalidad es la número 13 ante la SCJN y siguen pendientes de resolución, una parte de ellas son relativas a las Fuerzas Armadas, la militarización, y el fuero militar.
¿Cuáles son los argumentos?
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, explicó que con el recurso ante la SCJN se llegará hasta las últimas consecuencias para frenar la militarización.
Por eso entre los alegatos expuso los argumentos expuestos por los 49 firmantes:
1. Violan el pacto Constitucional, ya que mediante leyes secundarias excluye a la Secretaría de Seguridad del control de la Guardia Nacional para reasignarlo a la Sedena, en contradicción a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.
2. El Congreso de la Unión excedió su competencia, ya que la Constitución rechaza cualquier escenario en el que el cuerpo policial de la Guardia Nacional quede adscrito a un mando permanente distinto al civil.
3. Violenta el régimen transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional, ya que hace imposible que los elementos de la Guardia Nacional puedan estar subordinados a un mando civil, porque todos sus elementos estarían adscritos a la Sedena.
4. Transgrede el artículo 119, ya que ahora la Guardia Nacional podrá intervenir en la seguridad pública local, eliminando el requisito Constitucional de que la Entidad Federativa solicite su auxilio cuando se requiera.
5. El decreto, de facto, suspende las garantías y los derechos humanos constitucionales, ya que para aplicarse tendría que seguir el procedimiento establecido por el artículo 29 Constitucional.
En septiembre las dos cámaras del congreso concluyeron, con el voto de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), el proceso legislativo para reformar, como lo propuso el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, cuatro leyes secundarias.
Estas fueron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se aprobó en la Cámara de Diputados por 265 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones; la Ley de la Guardia Nacional, reformada por 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el aval de 267 votos, 220 en contra y una abstención.
En tanto, solamente la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos recibieron el respaldo de la 4T y la oposición con 458 votos a favor, pero 26 votos de MC en contra y una abstención.
Previamente en el Senado, la 4T aprobó las reformas con 69 votos, pero toda la oposición votó en contra de las reformas, y se registraron 2 abstenciones, del líder de los morenistas Ricardo Monreal y Alejandra Lagunes, del PVEM.
