La iniciativa propuesta por la diputada morenista Laura Imelda Pérez ya está en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y se suma a dos más presentadas desde 2019 a la fecha, en las que se considera que el sistema de acceso abierto a la transportación pública debe prevalecer en todos los puertos marítimos y aeropuertos del país, para favorecer la oferta y brindar mejores condiciones de precio y calidad.
Con ese modelo de acceso abierto se permitiría la entrada de automóviles registrados y aprobados por la ciudad o localidad respectiva, para recoger y transportar pasajeros desde los aeropuertos y puertos marítimos mexicanos, considerados zonas federales.
En ese esquema, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá emitir los respectivos permisos para la prestación del servicio en vías de comunicación federales a quienes cumplan con las condiciones máximas de seguridad y calidad, sin limitarse a sólo una agrupación, como ocurre hoy.
La diputada morenista recordó que a fines de junio del 2022 en el AICM se volvió a prohibir a los transportistas de plataformas digitales operar en las instalaciones y se determinó que a las personas conductoras de unidades de ese tipo que infrinjan esta normativa serán sujetos a una multa de hasta 43 mil pesos.
Esto ocurrió, expuso la legisladora, pese al antecedente de 2016 y de marzo de este 2022, con sanciones millonarias impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En 2016 la Comisión impuso una sanción de 63,090,000 de pesos al AICM precisamente por la comisión de ese tipo de prácticas monopólicas, ventajas exclusivas que han prevalecido desde 2008 y aun hoy han impedido el acceso de nuevos participantes, es decir otras agrupaciones de taxistas, a ese mercado.
La muestra es que en marzo de este 2022 la Cofece determinó que el AICM fue reincidente y cometió una práctica monopólica en la modalidad de negativa de trato, pues impidió que la empresa “Transportación Terrestre UNE” pudiera prestar el servicio de autotransporte de pasajeros, lo que generó ventajas exclusivas en favor de dos permisionarios ya establecidos.
En este caso, dada la reincidencia del AICM, fue sancionado con multa de 848, 888, 633 pesos y le ordenó no incurrir en prácticas anticompetitivas.
Por eso, tras valorar que esa actuación discrecional de los administradores aeroportuarios se debe a que la ley no establece los requisitos mínimos a cubrir para el otorgamiento de concesiones, Pérez Segura propuso reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su Artículo 47.
Se busca facultar a la SCT a otorgar los permisos de autotransporte “a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos aplicables, sin que existan exclusiones injustificadas que limiten la libre competencia”.
Con ello los usuarios podrán decidir libremente el medio de transporte de su preferencia, al llegar o salir de un aeropuerto federal.
Así se dará vigencia al artículo 28 de la Constitución, que protege el libre mercado y prohíbe los monopolios.
“La libre competencia tiene un efecto beneficioso en la economía, incentiva a los competidores a ser más eficientes, innovar y mejorar constantemente la calidad de sus productos y servicios para atraer a los consumidores, a éstos les permite acceder a menor precio y escoger con libertad según sus necesidades”, estableció la diputada.
Cofece multa a taxistas del aeropuerto por prácticas monopólicas absolutas
