AMLO va ahora por reducir el número de Órganos Internos de Control

Entre otras, se exponen como razones las de propiciar las mejores prácticas, la armonización de funciones, la racionalidad y austeridad republicana.

Esta iniciativa busca una nueva reforma administrativa al gobierno del presidente López Obrador.

En 2018 ya con Morena como mayoría en el Congreso, se reformó la LOAPF, desaparecieron las Oficialías Mayores y se dio a la SHCP la atribución de controlar el presupuesto de todo el gobierno federal y realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada vía las Unidades de Administración y Finanzas, a su cargo.

Ahora se propone que esas atribuciones las concentre la SFP, incluido el gasto de las entidades paraestatales, sólo exceptuado el de las Secretaría de Defensa Nacional y de Marina.

Pero se plantea concentrar en la SFP a los entes que ejercerán el presupuesto: las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública –antes en la esfera de Hacienda– y al mismo tiempo mantener bajo su adscripción a los OIC, responsables de fiscalizar el gasto.

En ambos casos podrá nombrar y remover a los titulares de las Unidades o a los responsables de los OIC.

Sin embargo se establece aunque la SFP coordinará la operación de esas unidades, no ejercerá recursos públicos “y cada ente público que realice compras consolidadas deberá celebrar sus contratos específicos y ejercer las erogaciones con cargo a sus respectivos presupuestos”.

Por eso las atribuciones que ejerza la secretaría “no implicarán un conflicto de atribuciones en lo que se puede interpretar que funjan como juez y parte”.

La SFP será supersecretaría

En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que las reformas propuestas buscan reforzar el combate a la corrupción y generar mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de la adquisición de bienes y servicios.

También se propone que ahora la SFP sea la que tenga la facultad de participar en negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de los proveedores nacionales en esas compras.

La SFP podrá nombrar y remover en el sector central a las personas titulares de las unidades, y en el caso del sector paraestatal podrá proponer al órgano de gobierno de las entidades el nombramiento y remoción de los responsables, quienes dependerán jerárquica estructural y presupuestalmente de ese ente público.

La persona titular de la Secretaría podrá incidir “de manera determinante en las entidades paraestatales, mediante la facultad de proponer a sus órganos de gobierno el nombramiento y solicitar la remoción de sus titulares de las unidades de administración y finanzas o equivalentes”.

En el artículo octavo transitorio propuesto se establece que los nombramientos o designaciones de las personas servidoras públicas responsables de los OIC continuarán vigentes.

“Pero la Secretaría podrá ejercer la facultad de remoción de dichos servidores públicos o en su caso asumir la separación conforme al procedimiento previsto en la Ley de Servicio Profesional de Carrera”.