Diputados de la 4T votan en caso de desafuero de fiscal, pese a orden judicial

Esto porque en febrero pasado la jueza Erika Torres Santiago, juez cuarto de distrito del estado de Morelos, concedió una suspensión definitiva a Carmona y ordenó a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento de desafuero “en todas sus etapas hasta antes de que se emita en la Cámara la resolución la resolución definitiva respecto a la declaratoria o no de procedencia” hasta que se resuelva de fondo el amparo.

Pero de acuerdo a Morena, los fiscales locales no tienen fuero, de ahí que aprobó el Acuerdo de la Sección Instructora –emitido en la pasada Legislatura– para desechar un procedimiento contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos.

Con esa decisión las autoridades judiciales podrán proceder penalmente contra el funcionario local sin requerir proceso de desafuero, y esa interpretación se extiende a otros fiscales estatales, según la mayoría morenista.

El artículo 111 de la Constitución establece que para proceder penalmente por delitos federales en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el procedimiento de juicio de procedencia (desafuero).

Pero de acuerdo a lo expresado este día por legisladores de Morena, si bien las fiscalías locales son autónomas, “que un funcionario sea parte de un órgano autónomo no le da fuero”, según explicó el diputado Marco Antonio Robledo, expriísta, exsenador y expresidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.

“Estaríamos cometiendo un delito”, advirtió por el contrario el diputado del PRI Ricardo Castillo Aguilar, al inicio de la discusión, en que la oposición intentó posponer el debate con varias mociones suspensivas, pero fueron rechazadas.

Recordó que el artículo 362 de la Ley de Amparo “señala que no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado constituye un delito que podría derivar en 3 a 6 años de prisión”.

La diputada panista Anabey García Velasco anunció que ´dado que existe una orden judicial y “resistirse a un mandato judicial es considerado delito", el PAN no emitiría su voto para evitar "responsabilidades penales y administrativas".

La decisión se concretó, pues si bien dos panistas se abstuvieron y uno votó en contra, 111 diputados de ese partido presentes en la sesión decidieron no votar. Por eso, el morenista Almílcar Sandoval pidió se les descuente un día de dieta, caso en el que la presidenta en turno de la mesa directiva de la Cámara, Yuritzi Almazán, informó que se hará “la valoración correspondiente”.

Van por más fiscales

En el debate, el diputado de Morena Marcos Medina Filigrana sostuvo que no se violentó ninguna suspensión definitiva de juez y acusó a los opositores de pretender la defensa del morelense para sentar “precedentes de inmunidad para una cofradía de fiscales a modo”.

Recordó los casos del exfiscal Edgar Veytia, de Nayarit, preso en Estados Unidos por crimen organizado y el de Jorge Winckler, en Veracruz, acusado de supuestos ilícitos.

“Están defendiendo a Graco Ramírez (exgobernador de Morelos), al impresentable fiscal de Guanajuato (Carlos Zamarripa) y a toda la camarilla. No están defendiendo el estado de derecho sino la impunidad y la corrupción”, acusó.

El panista Elías Lixa acusó que apenas ayer la dirección jurídica de la Cámara de Diputados informó que desde hoy y hasta el 21 de septiembre se tenía de plazo para responder ante un recurso de queja presentado entorno al caso.

“Una vez resuelto se puede tomar la decisión sin impedimento jurídico”, alertó, pero la decisión fue tomada por la mayoría. El presidente de la mesa directiva de la Cámara, el morenista Sergio Gutiérrez, aseguró que al votar el pleno no se pronunciaría a favor o en contra del desafuero, como lo restringió la orden judicial, sino por desechar el caso, por lo que no hay desacato.

El caso de Carmona Gándara, designado en el sexenio anterior, comenzó recién inició el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en 2018, cuando el Congreso Local de Morelos intentó un proceso de desafuero.

Pero éste fue detenido por orden judicial, y en 2020 el Ministerio Público solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para que enfrentara acusaciones por presuntas omisiones relacionadas a exámenes de control de confianza.

En marzo pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó el inicio de una carpeta de investigación por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el aún fiscal morelense Carmona Gándara estuvo presente en la sesión de la Cámara y en entrevista aseguró que está tranquilo y emprenderá su defensa, primero, del fuero del que gozan los titulares de las fiscalías, como él. En segundo lugar, porque dijo que no ha cometido delitos.