Esto porque se estableció el candado de que, para resultar procedente, se requerirá de la votación de mayoría absoluta -es decir de dos terceras partes de los votos- tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República.
Actualmente ese procedimiento está regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que no se establece el tipo de votación necesaria para declarar la procedencia de un juicio político, por lo que se decide por mayoría absoluta; es decir, de la mitad más uno de los legisladores, en proceso que también pasa por ambas Cámaras.
En el debate, Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PAN) anticiparon que la ley llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues afecta al federalismo y va contra la Constitución, pues se estableció que los desafueros de funcionarios estatales serán remitidos a las legislaturas locales para que acaten, pues se incluyó que deberán proceder “como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados”.
Además, de acuerdo con lo aprobado, los acuerdos de las Cámaras se tomarán en sesión pública “excepto cuando el interés en general exija que la audiencia sea privada”.
Planchan a la oposición
El decreto de nueva Ley Federal de Juicio Político fue remitido al Senado y se convirtió en el primero aprobado por la 65 Legislatura. Su discusión ocurrió en 8 horas durante la madrugada de este jueves, en que los 4 partidos de oposición propusieron mociones suspensivas para aplazar la discusión, pero todas fueron rechazadas.
Los opositores buscaron aplazar la discusión, pues cerca de 350 diputados son nuevos (el resto fueron reelectos), ayer asumieron el cargo, y ni siquiera conocieron la nueva iniciativa de Ley, aunque esta retomó un “viejo” dictamen aprobado el 16 de agosto por la Cámara que concluyó funciones el martes.
La oposición presentó 50 reservas pero ninguna prosperó. Morena propuso una para que fueran sujetos de juicio político magistrados electorales locales, pero tampoco pasó.
El PT presentó otras 14 reservas y se aceptó de última hora una planteada por el diputado Gerardo Fernández Noroña para establecer que en caso de juicio al presidente se requerirá mayoría calificada de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes, así como del Senado.
También propuso y se aceptó, que en caso de ese proceso al Ejecutivo se partirá del principio de presunción de inocencia.
La nueva Ley, cuando entre en vigor, abrogará la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y como esta, regula las dos figuras existentes para sancionar a funcionarios: la declaración de procedencia; es decir, el proceso de desafuero, y el juicio político.
En ambos casos la Cámara de Diputados puede recibir las denuncias, y como marca la Constitución, podrán ser sujeto de juicio político los gobernadores, diputados federales o locales, integrantes de los Poderes de Justicia local, miembros de organismos autónomos o el Presidente.
Si el juicio político es procedente, se sancionará a la persona servidora pública con destitución o inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Hoy la ley prevé sanción de uno a 20 años en tanto que la ley aprobada eleva el castigo desde diez hasta 30 años.
Otro cambio es que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados será de 5 integrantes, al igual que la sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores que se integra para recibir del pleno de los diputados las denuncias de juicio político.
