El Senado aprueba eliminar las "partidas secretas" en el gobierno federal

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Al presentar el dictamen sobre la minuta de la Cámara de Diputados, enviada en abril de 2019, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres, señaló que la propuesta refuerza la lucha contra el gasto discrecional y en favor de la transparencia. Argumentó que es necesario evitar que vuelva a existir alguna "partida secreta".

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera, explicó que esta partida surgió como medida para que el Ejecutivo hiciera frente a situaciones imprevistas que pudieran poner en riesgo el orden público. Sin embargo, dijo, "se convirtió en una herramienta de opacidad y corrupción".

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román resaltó que entre 1983 y 1995 se ejercieron 26,500 millones de pesos cuyo destino se desconoce. A partir del 2000, la partida desapareció del PEF.

De acuerdo con los legisladores, durante el gobierno del expresidente Miguel Alemán, las erogaciones destinadas a esta "caja chica" alcanzaron el 6.6% del presupuesto total; con Luis Echeverría, estas llegaron al 24%, y con Carlos Salinas de Gortari, a 4,634 millones de pesos.

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Uno de los escándalos relacionados con la "partida secreta" usada por los presidentes fue el que destapó Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón y subsecretario de Agricultura con Carlos Salinas.

La polémica explotó el 12 de febrero de 2009, cuando la periodista Carmen Aristegui reveló un audio en el que Téllez acusa al expresidente Salinas de haber robado más de la mitad del dinero de dicha partida.

El comentario hecho por Téllez en 2006, durante una plática en Cancún, quedó grabado en una llamada telefónica.

El entonces secretario calificó la filtración de "chantaje infame", pero el escándalo lo llevó a renunciar a su cargo.

La existencia de la "partida secreta" data de la Constitución de 1917. Desde entonces, los presidentes estaban facultados para solicitar por escrito la asignación de recursos que no podían ser fiscalizados. Hasta ahora, no hay pruebas de que dicha partida fuera usada en los sexenios de Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteradamente ha acusado a sus antecesores de utilizar el gasto público sin rendir cuentas a la ciudadanía.