El exlíder de Morena insiste en que México adopte un "impuesto a la riqueza"

El Aporte Solidario fue puesto en marcha en Argentina a inicios de este año. Consiste en un nuevo impuesto a las grandes fortunas de ese país, con el objetivo de que lo recaudado sirva para pagar suministros médicos y financiar las ayudas del Estado en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Ese impuesto único, de entre 2% y 3.5%, aplica para las personas cuyos patrimonios son mayores a 2.5 millones de dólares (en Argentina se estima que son 12,000 contribuyentes), y el gobierno estima que recaudará hasta 3.5 millones de dólares, el equivalente a 0.7% del PIB del país.

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El diputado federal de Morena recordó que otros países, como Inglaterra, Sudáfrica y Perú, están discutiendo la introducción de un aporte extraordinario similar al de Argentina.

En este sentido, señaló que hoy se abre la posibilidad de establecer en México, por única vez, un impuesto a las grandes fortunas para obtener ingresos que mejorarían la capacidad del Estado ante la pandemia.

"Necesitamos fortalecer la capacidad de gasto en tiempos de crisis mediante este tipo de aportaciones extraordinarias. En otros países ya se han implementado medidas similares; por ejemplo, Irlanda hizo uso de este instrumento tras la crisis financiera del 2008, y Ecuador aplicó temporalmente un impuesto a patrimonios superiores a 1 millón de dólares para cubrir los gastos de reconstrucción después del terremoto de 2015", mencionó el diputado.

Alfonso Ramírez explicó que, según un estudio reciente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, un impuesto a las grandes fortunas, con una tasa del 2% para patrimonios de entre 20 y 1,000 millones de pesos, o una de 3% para patrimonios de hasta 2,000 millones de pesos, se lograrían recaudar cerca de 100,000 millones de pesos.

Este impuesto, agregó, solo afectaría a aproximadamente 173,000 personas, es decir, el 0.13% de la población en México que tiene un patrimonio de más de 20 millones de pesos.

Además, se respaldó en otro estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en el que se estima que un aporte único aplicado solamente a las personas con un patrimonio mayor a 20,000 millones de pesos, con una tasa del 2.5%, afectando únicamente a 12 contribuyentes, se podrían recaudar hasta 50,000 millones de pesos.

Ramírez Cuéllar destacó que, como en el caso de Argentina, estos ingresos deberán etiquetarse para que su uso sea transparente para la población.

"Debemos avanzar hacia un sistema fiscal que permita la etiquetación de una parte de los impuestos que obtiene el Estado, lo que brindaría mayor certeza a la población sobre el uso de los recursos públicos y disminuiría su renuencia a realizar las contribuciones", dijo.

Para el caso de este impuesto por única ocasión a las grandes fortunas, el legislador propone asegurar que lo obtenido se destine a la atención de pacientes con COVID-19, lo que abarca insumos médicos, el mejoramiento de instalaciones hospitalarias, la investigación médica y el seguimiento en tiempo real a los casos.

También se destinaría una parte importante de los recursos para apoyar la recuperación de las pequeñas y medianas empresas afectadas por las restricciones sanitarias.

Ramírez Cuéllar destacó que en México la contribución de los más ricos es muy baja en comparación con otros países.

"No existe un impuesto a la riqueza como en Argentina, los ingresos del capital se gravan a una tasa menor que los del trabajo, y si bien la tasa nominal de ISR para el 1% más rico es del 34 % (de las más bajas de la OCDE), dados las extensas exenciones y deducciones, efectivamente sólo pagan la mitad (18%)", indicó.

En 2020, cuando todavía era dirigente de Morena, Ramírez Cuéllar ya había planteado revisar el patrimonio de los más ricos del país y con base en ello imponerles impuestos más altos.

La propuesta inicial causó polémica porque se pretendía que los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entraran a las casas para revisar quién tiene más bienes. Esto causó polémica y rechazo, incluso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.