El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga la facultad constitucional de medir la riqueza del país.
De acuerdo con Ramírez Cuéllar, el INEGI debe entrar, "sin ningún impedimento legal", a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todos los mexicanos.
"Cada dos años —el INEGI— debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas", propuso el líder de Morena.
En un comunicado, Ramírez Cuellar apuntó que este Instituto debe ser facultado constitucionalmente para medir la concentración de la riqueza en nuestro país debido a que hay miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada.
"Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza", argumentó el morenista.
Este planteamiento forma parte de un "Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional", el cuál, según se explicó, Ramírez Cuéllar es un análisis que incluye las propuestas de especialistas en la realidad política, social y económica del país frente a la emergencia económica y sanitaria por la que atraviesa el país.
Otros puntos y modificaciones que Morena propuso son:
Según se propone, esta progresividad debe de aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.
"La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen".
El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar. pic.twitter.com/WfdtgZrLv7
— Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 18, 2020
Este Consejo deberá de mostrar cada año si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que mayor vulnerabilidad presentan, y tendrá la obligación de informar si la calidad de los gastos públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y si se está usando para generar riqueza y prosperidad nacional.
De acuerdo con Moerena, la COFECE debe estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados, y debe de tener más facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos.
Actualmente las mediciones sobre la pobreza en México las realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al respecto, en julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso también que el INEGI fuera encargado de esta tarea.
El planteamiento generó cuestionamientos de la oposición e incluso del subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, quien expresó que aunque el INEGI puede recopilar y procesar la información, los criterios metodológicos deben ser validados por otra instancia. En el caso de la pobreza, por el Coneval.
