Morena propone modificar la Constitución para que el INEGI mida riqueza

"Cada dos años —el INEGI— debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas", propuso el líder de Morena.

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En un comunicado, Ramírez Cuellar apuntó que este Instituto debe ser facultado constitucionalmente para medir la concentración de la riqueza en nuestro país debido a que hay miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada.

"Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza", argumentó el morenista.

Este planteamiento forma parte de un "Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional", el cuál, según se explicó, Ramírez Cuéllar es un análisis que incluye las propuestas de especialistas en la realidad política, social y económica del país frente a la emergencia económica y sanitaria por la que atraviesa el país.

Otros puntos y modificaciones que Morena propuso son:

• Considerar al "Estado de Bienestar", como concepto y propósito, el cual debe quedar plasmado en la Constitución, señalando los sistemas de protección universales que se deriven del mandato constitucional.

• Establecer la Progresividad Fiscal como la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar.

Según se propone, esta progresividad debe de aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.

"La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen".

• Constituir un Consejo Fiscal o un organismo con autonomía y profesionalismo y dependiente del Congreso de la Unión que mida y evalúe permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano.

Este Consejo deberá de mostrar cada año si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que mayor vulnerabilidad presentan, y tendrá la obligación de informar si la calidad de los gastos públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y si se está usando para generar riqueza y prosperidad nacional.

• Dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) constitucionalmente.

De acuerdo con Moerena, la COFECE debe estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados, y debe de tener más facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos.

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Actualmente las mediciones sobre la pobreza en México las realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al respecto, en julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso también que el INEGI fuera encargado de esta tarea.

El planteamiento generó cuestionamientos de la oposición e incluso del subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, quien expresó que aunque el INEGI puede recopilar y procesar la información, los criterios metodológicos deben ser validados por otra instancia. En el caso de la pobreza, por el Coneval.