La minuta llegó a los senadores desde la Cámara de Diputados, donde se avaló establecer que en el artículo 108 constitucional se consigne que el presidente de la República podrá ser juzgado en funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como por cualquier otro delito.
Para proceder penalmente en contra del titular del Poder Ejecutivo federal, se le deberá acusar ante la Cámara alta.
Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que esta reforma equivale a eliminar el fuero presidencial.
En contraste, los partidos políticos de oposición y algunos juristas señalan que no es una eliminación como tal, puesto que la eventual acción penal contra un mandatario aún tendría que ser avalada por los senadores.
Esto se debe a que la reforma plantea que, si el presidente cometiera alguno de los delitos establecidos, primero tendría que ser enjuiciado políticamente por los senadores para que entonces pudiera avanzar un eventual proceso penal.