Esta iniciativa fue presentada en diciembre de 2019, por la diputada morenista Silvia Aleida Villavicencio, al destacar la importancia de incorporar en la Constitución el derecho a cuidar y ser cuidado como un acto solidario, pero que incluya la responsabilidad del Estado.
Durante el debate de este dictamen, la legisladora subrayó que la pandemia evidenció la profunda desigualdad que viven las mujeres, toda vez que los trabajos precarios y las tareas de crianza sigue recayendo únicamente en ellas, lo cual se agrava tratándose del trabajo doméstico y de cuidados.
Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), también señaló que con esta medida se rompe el estereotipo histórico de que las labores del hogar y su entorno son solo cosa de mujeres y añadió que la provisión de cuidados en México es insuficiente, de baja calidad y no tiene una accesibilidad amplia.
“Este problema se debe a la ausencia de una normatividad integral en materia de cuidados, de políticas públicas, de infraestructura, así como a la falta de una cultura de no discriminación y de un balance de distribución del trabajo no remunerado”, añadió.
El problema relacionado con los cuidados, dijo, es complejo y con múltiples dimensiones, por lo que ninguna institución o programa alcanzaría para resolverlo por separado, por lo que resaltó, "se necesita una articulación en torno de objetivos comunes, a partir de la coordinación interinstitucional”.
Recalcó además, que establecer el derecho a decidir, si se adquiere o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, de ninguna manera, implica la posibilidad de quienes sean responsables de cuidados de manera obligatoria pueden eludir esos deberes, porque podría derivar en una sentencia, aclaró.
ONU Mujeres celebró la aprobación de este dictamen, el cual calificó como “Un gran paso para la garantía de los derechos de las mujeres en México”.
