Diputados y senadores del PAN impugnan decreto sobre la "militarización"

Antes, el gobierno de Michoacán y había promovido ante la Corte una impugnación sobre el uso de Fuerzas Armadas de manera permanente y extraordinaria en tareas de seguridad pública.

Según la legislación, este lunes es la fecha límite para presentar cualquier impugnación respecto al decreto presidencial publicado el pasado 11 de mayo.

Las acciones del PAN

En un comunicado, los senadores del PAN explicaron que la impugnación presentada busca que la seguridad pública del país no sea militarizada y que la participación de las Fuerzas Armadas sea bajo los requisitos que se establecieron en la reforma constitucional aprobada: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria.

La reforma que dio paso a la creación de la Guardia Nacional, recordó la bancada, estableció una institución de carácter civil para llevar a cabo la función de seguridad pública y estableció como ayuda extraordinaria la posibilidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas.

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"Lo que el gobierno hizo en la práctica (es) la militarización permanente del país. Le entregaron a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y eso es inconstitucional. No hay un verdadero plan de fortalecimiento de policías y la Guardia Nacional no está siendo creada como institución civil (...) Está documentado a nivel internacional que esa es una estrategia fallida", puntualizaron.

Por ello, señalaron, con la impugnación se busca corregir la falta "anticonstitucional" y que se cumpla la reforma, con el establecimiento de una Guardia Nacional de carácter civil y, en su caso, ayuda temporal extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y complementaria, de las Fuerzas Armadas, en tanto se fortalece la policía civil.

Los senadores también respaldaron la controversia presentada el fin de semana por la presidenta de la Cámara ed Diputados, quien señala que el decreto presidencial sobre las Fuerzas Armadas se aleja de los parámetros que establece la Constitución, dejando al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico sobre su actuación.

"Considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia constitucional, revise la constitucionalidad del acuerdo", indicó Laura Rojas a través de un comunicado.

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La diputada federal precisó que el acuerdo del Ejecutivo federal contradice la Constitución respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al establecer que el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, debe "coordinarse" con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

"El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que este cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones (...) sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad", agregó la legisladora.

La CNDH

Luego de señalar que no tiene facultades para interponer una acción contra el acuerdo presidencial de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Congreso de la Unión dotar de un marco jurídico que garantice su actuación temporal.

"Exhortamos al Congreso de la Unión a definir y desarrollar en la legislación secundaria correspondiente, los términos a que hace referencia el transitorio quinto del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública", señaló el organismo nacional en un comunicado.

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La Comisión Nacional enfatizó que no se ha establecido en la ley bajo qué parámetros o criterios de "excepcionalidad" participarán las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ni qué órgano civil será el que fiscalice su actuación.

Además, mencionó, en la Ley de la Guardia Nacional no se definió ni estableció los elementos concretos y definitorios relativos a la subordinación y complementación de la actuación de la Fuerza Armada permanente, cuando apoye a las labores de seguridad pública, entre otros aspectos.

"Es necesario el dotar a la Fuerza Armada permanente de un marco jurídico apegado al bloque de constitucionalidad que sustente y encuadre su actuación temporal y extraordinaria en tareas de seguridad pública", agregó.

La CNDH afirmó que, por su parte, dará seguimiento a la participación de la Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, para cumplir con el mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Morena desestima

Mientras estas acciones se llevan a cabo, los legisladores de Morena señalaron que la controversia promovida por la presidenta de la Cámara de Diputados no representa la opinión de la mayoría parlamentaria.

"Nos parece un despropósito que la demanda presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados cuestione la potestad del Ejecutivo para ejercer su facultad constitucional de proveer en la esfera administrativa la observancia de las leyes del Congreso", acusaron en un comunicado.

La bancada de Morena defendió que el proceder del presidente López Obrador está sustentado en los artículos quinto y sexto transitorios del Decreto de Reforma Constitucional por el que se creó la Guardia Nacional.

La facultad que le otorgan, refirieron, tiene un carácter excepcional, de tal forma que será también extraordinaria la participación del Ejército y la Marina en apoyo de las labores de seguridad pública.

"Resulta grave que, en dicho documento (controversia constitucional), la diputada Laura Rojas acuse al presidente de la República de realizar un 'fraude a la Constitución' (...) Tales afirmaciones develan una intencionalidad política en una acción pretendidamente jurídica; le dan un tinte partidista, lo que resulta contrario a la institucionalidad con que debe conducirse la presidenta de la Cámara de Diputados", criticó el grupo parlamentario.

En este sentido, confió en que la Cámara de Diputados votará en contra de la decisión tomada por Laura Rojas, la cual, recordó, está sujeta al criterio de la Asamblea y del marco jurídico de la misma.

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