Expertos consideran que Ley de Amnistía tiene limitaciones

Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción para la Justicia (CEA-Justicia), dice que es un primer paso necesario.

“Hubiéramos querido que se incorporarán otros cambios, otros grupos en situación de vulnerabilidad, pero si tomamos en cuenta la situación del país, yo creo que éste es un muy buen paso para empezar a reconocer los derechos de las personas privadas de la libertad, la situación precaria que tienen dentro de los centros penitenciarios, las situaciones inequitativas que existen y la desigualdad que hay en nuestro país que en muchos casos los lleva a delinquir como la única opción de vida”, explica en entrevista.

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Aunque asegura que sí es posible que 6,200 personas sean liberadas antes de que se termine el periodo álgido de la emergencia sanitaria, se necesita la cooperación del Poder Judicial.

“Sí, se pueden lograr. El problema subyace en el Poder judicial, en el caso de la ciudad, estaban suspendidos. Me da la impresión de que esa es la idea, de coadyuvar para poder despresurizar”, considera.

Explica que había una perspectiva de posibilidades más amplia, pero implicaba un proceso legislativo más largo. Para la especialista, la ley pone las coordenadas, pero no resuelve los problemas de inseguridad.

“La propuesta y las coordenadas están planteando en la Ley de Amnistía. Que no resuelve los problemas de seguridad por sí mismos. No resuelve el problema de sistema penitenciario en el contexto de la pandemia, pero ayuda. Sí lo vemos como un proceso integral de despresurización del problema penitenciario”, opina.

“La verdad es que si es una imposición por parte del Presidente de, al menos tratar de despresurizar con 6.200 personas, pues bienvenida esa necedad por parte del presidente ojalá así fueran todas las imposiciones”, señala.

En la lectura que hace de esta ley, la considera más allá de un “berrinche” del presidente, como la calificó parte de la oposición.

“Va más allá. Estamos hablando de vidas en riesgo dentro de los centros penitenciarios y que no creo que el análisis vaya si es un berrinche o no. Hablamos de la vida e integridad de personas que están en situación de prisión y que también son ciudadanos”.

“No había prisa”

Ramón Celaya, maestro en Ciencias Penales, y profesor del Tecnológico de Monterrey, asegura que la aprobación no era urgente y sus alcances serán limitados.

“¿Por qué decimos que no era trascendente? Porque, en ningún apartado se estipula o señala que fue la presentada para despresurizar los penales en consecuencia de la pandemia de coronavirus. No, en realidad, la Ley fue una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Poniéndola en el contexto adecuado”, dijo.

Asegura que, aunque la Ley no es mala, el universo es limitado, y ya existen otros mecanismos como la Ley Nacional de Ejecución Penal y el indulto que tienen mayores alcances.

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¿Cuánto podría ser entonces el universo de liberación? –se le preguntó.
“Consideramos no más de 1,000 personas. No serían todas de manera inmediata, sería el estudio caso por caso y sería de manera gradual y paulatina. Con la otra ley se revisan 4,000 o 5,000 mil personas, pero es más bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal”, respondió.

Insensibilidad y tema político

El experto en temas penales ve en la decisión un tema político y una “insensibilidad” frente a la emergencia por COVID-19.

“Lo que vemos es que el presidente tiene un agenda política y están respondiendo. Estamos viendo que obras trascendentes de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya no se han detenido. Toda la agenda política que el presidente tiene, como una promesa de campaña, continua”.

También afirma que, en la decisión de pedirle al Senado que sesione, existe falta de asesoría.

“Yo creo que es un poco de insensibilidad, dada la crisis sanitaria, que se trate de impulsar una promesa cuando no era trascendente. Hay una total falta de asesoría política y falta de sensibilidad. Vemos cómo la economía está colapsando y se quiere hacer pasar la Ley de Amnistía como un paliativo para despresurizar penal en crisis de contingencia, porque de hecho ya se está haciendo y existen mecanismos alternos para poder liberar a personas privadas de su libertad e intentar controlar el contagio alrededor de centros penitenciarios”, explicó.

Sin cifras oficiales

La organización Reinserta dijo hoy, a través de un comunicado, que no se cuenta con la suficiente información pública para saber quiénes podrían beneficiarse de la nueva ley.

“No se cuenta con información pública que permita estimar el número de personas privadas de la libertad potencialmente beneficiarias por la Ley de Amnistía, pero no se considera que aplique a un volumen considerable, tomando en cuenta, que varios de los supuestos que se prevén en el proyecto corresponden al ámbito de impartición de justicia del fuero común y, aunque la Secretaría de Gobernación refiere que 4,305 personas se encuentran privadas de la libertad por delitos contra la salud, no hay datos que permitan establecer qué porcentaje de dichas personas se encuentran en alguna de las previsiones de la propuesta de ley”.

La organización alerta sobre el número de hacinamientos en entidades como el Estado de México y la Ciudad de México y pide revisar otras rutas de acción.

“Es pertinente mencionar que otras rutas a partir de las cuales se puede lograr la liberación de personas vulnerables que se encuentran en prisión, son la creación de leyes de amnistía de carácter local y el indulto, que supone el perdón de la pena y puede conceder el titular del poder ejecutivo”, explicaron.