Ahora que estamos a punto de entrar a Fase 3, después de un mes de confinamiento, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los legisladores están “muy preocupados” por acelerar la aprobación de la Ley de Amnistía en 309 centros penitenciarios para evitar más contagios de COVID-19, por lo que se plantea la utilización de herramientas como la indulgencia y la preliberación para beneficiar al menos a 6 mil 200 personas sentenciadas.
La amnistía contempla, en este contexto, otorgar el perdón a personas que sean sentenciadas por delitos no graves o sin violencia, como la interrupción voluntaria del embarazo, delitos contra la salud que hayan cometido personas en situación de pobreza, discapacidad o extrema vulnerabilidad, también para aquellos que hayan cometido robos simples sin violencia y los delitos por integrantes de pueblos indígenas, a quienes habitualmente no se les garantiza un debido proceso.