'Napo' busca reglas duras para el 'outsourcing'; la Coparmex alerta de riesgos

¿Qué dice la iniciativa sobre el 'outsourcing'?

La reforma a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social propone que la subcontratación pueda hacerse únicamente para realizar actividades que exijan una especialización ajena o accesoria a la que realice el contratante y no deba exceder del tiempo que tome un proyecto específico.

Por ello, considera que una subcontratación es simulada si el personal realiza actividades preponderantes o esenciales para el beneficiario, o cuando los trabajadores sean transferidos —mediante sustitución patronal o cualquier otro acto equivalente— a la empresa de outsourcing para que los asuma como propios, entre las prácticas más significativas.

Además, la propuesta contempla obligar al contratista a garantizar en su totalidad los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que subcontrate y, también, que disfruten de iguales condiciones que quienes laboren en la empresa de manera directa.

La iniciativa también plantea que se debe garantizar a los trabajadores subcontratados la libertad sindical, la negociación colectiva, el salario mínimo, el reconocimiento de su antigüedad laboral, el reparto de utilidades en función de las que obtenga el contratista, la capacitación e indemnización en caso de accidente o enfermedad de trabajo, y que a los trabajadores contratados bajo este esquema les sea entregado el contrato correspondiente por escrito y una copia de este, entre otros puntos.

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La propuesta de Gómez Urrutia señala que las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE) deberán expedir las normas para crear e implementar un sistema de gestión de empresas de outsourcing y, a la par, abrir un Registro Nacional de Empresas de este tipo.

Además, prevé castigar la simulación de subcontratación de personal y considerarla como un delito en perjuicio de los trabajadores, del fisco federal y del IMSS, según sea el caso.

Para las empresas que incurran en perjuicio de los trabajadores y del fisco, plantea una "inmunidad penal" a cambio de que delaten a "la organización criminal de subcontratación ilegal" con la que hicieron tratos y cooperen durante las investigaciones y los procesos penales, con el objeto de extinguir el dominio de los bienes de estos grupos.

Estas empresas, según la propuesta del también líder del sindicato minero, también deberán pagar las utilidades que adeuden a los trabajadores, así como el 50% de las contribuciones omitidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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¿Qué dice la Coparmex?

La organización patronal emitió este miércoles un comunicado en el que alertó de que la iniciativa tiene un "marco regulatorio poco claro" y "sanciones excesivas e innecesarias", por lo que puede ser un inhibidor de la inversión.

Apuntó que es necesario detallar los criterios y procesos de la iniciativa, "con la finalidad de que no se exceda su regulación al definir como subcontratación simulada o ilegal, a quienes generan buenos empleos y cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, como delincuencia organizada".

El organismo resaltó que la subcontratación es una práctica que actualmente se lleva a cabo por una gran cantidad de empresas.

"En este sentido destacamos la importancia de que algún cambio en este esquema no sea inhibidor de la generación de empleo y no ubique en desventaja ante otras economías", señaló.

La Coparmex se dijo a favor combatir el uso de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores y al gobierno, así como de pugnar por evitar que sea utilizada como competencia desleal. En ese contexto, llamó a analizar los riesgos de la reforma y a tomar en cuenta a los sectores involucrados.