Iniciativas contra la evasión se encaminan al “terrorismo fiscal”, alertan

¿Qué proponen la iniciativas?

Una de las iniciativas es la impulsada por el senador de Morena, Alejandro Armenta, la cual busca castigar el uso de empresas fantasma como delincuencia organizada.

Por su parte, la iniciativa del senador Samuel García (MC) propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Seguridad Nacional, para:

• Imponer sanciones de cinco a ocho años de prisión, al que por sí o mediante otra persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
• El contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados serán considerados delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
• En el caso de defraudación fiscal no procederán los acuerdos reparatorios y no será procedente la suspensión condicional.

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¿Por qué sería “terrorismo” fiscal?

De acuerdo con el abogado, quien formó parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, este tipo de iniciativas pueden generar un ambiente de “terrorismo fiscal” donde los contribuyentes serán los perdedores.

Para Pérez de Acha, se habla de un potencial terrorismo porque el golpe se dará contra quienes recibieron los servicios y no precisamente contra quienes operan las redes o Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFO).

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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) explica que las EFO son aquellas que hacen fraude al emitir facturas apócrifas sobre operaciones, compras o servicios no realizados con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos.

La titular de la PRODECON, Diana Bernal, ha señalado que las empresas que participan en este esquema son mayormente “prestadoras de servicios” y que no comercializan bienes al ser fácilmente rastreables, sino que aprovechan lo intangible de los servicios como ventaja para llevar a cabo la simulación de operaciones para efectos fiscales.

Tanto Coparmex como Pérez de Acha coinciden que existen riesgos de contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad –ya que al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza– y que con la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían venderse sus propiedades de forma automática, sin haber sido comprobado un crimen.

Aunque la Coparmex reconoce en un comunicado que combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada y es incluso prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales, señaló que no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva.

De acuerdo con el organismo empresarial, las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente y preocupa que en el ánimo de contar con una ley en estos términos, pudieran darse injusticias, ya que se puede confundir a empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma.

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¿Cuáles han sido los daños?

El documento presentado por el legislador Samuel García cita al exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, quien estimó que la evasión y elusión fiscal para el país representa entre tres y cuatro puntos del PIB cada año.

Por su parte, el procurador Fiscal de la Federación adscrito a la Secretaría de Hacienda Carlos Romero reconoció que defraudar al fisco por medio de empresas fantasma o facturas falsas se ha convertido en un “deporte nacional” que se estima en un quebranto de 500,000 millones de pesos anuales.

La Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación determinó que este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8% del PIB de 2016 (483, 874 millones de pesos), y en ese entonces, por la vía de impuestos, el Gobierno federal recaudó dos billones 407,716.7 millones de pesos, que equivalen al 50.5% del total de los ingresos que obtuvo en ese año.