Aprueban Ley de Extinción de Dominio; advierten que AMLO tendrá caja chica

Esto porque, según la ley, los beneficios económicos que obtenga el Estado al decomisar bienes y activos relacionados a hechos ilícitos serán destinados exclusivamente a programas sociales y políticas públicas que sean consideradas prioritarias por el gobierno.

Desde la tribuna, el diputado panista Luis Alberto Mendoza, quien presentó una reserva, exigió que el destino de todos los recursos obtenidos mediante la Ley de Extinción de Dominio deberán ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y aprobados por la Cámara de Diputados.

“Lo único que queremos es que en el cuerpo de la ley se considere que los recursos que se dispongan con el proceso de extinción de dominio se incluyan en el presupuesto que desde aquí se aprueba y que el uso de los mismos sea sujeto a las reglas de operación”, aseveró.

“Parece que esta ley de austeridad de la cuarta transformación no se da abasto para los gastos de este gobierno y quieren sacar de esta ley parte de los recursos que les hacen falta, así como una caja chica para disponer de manera discrecional de la misma forma que la partida secreta”.

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Aunque, en lo general, la Ley Federal de Extinción de Dominio fue aprobada con 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, en lo particular se presentaron más de 60 reservas, las cuales fueron discutidas por más de tres horas y al final fueron bateadas por la mayoría morenista.

La diputada priista Claudia Pastor advirtió que la citada Ley puede afectar la propiedad privada; mientras que su correligionaria Dulce María Sauri presentó una reserva para establecer que en el caso de que uno de los socios de una empresa sea sujeto de la acción de extinción de dominio no se afecte a la empresa en su conjunto.

“Aparte de dañar intereses de otros socios y socias, daña también el funcionamiento de una empresa que proporciona seguramente empleos a mexicanos”, expuso Sauri.

La morenista Tatiana Clouthier, por su parte, presentó una reserva para acotar la venta anticipada de bienes sujetos a la acción de dominio, propuesta que también fue rechazada por la mayoría de la bancada de su partido.

En el mismo sentido, el panista Jorge Luis Preciado pidió que el dinero obtenido de la venta de bienes decomisados no se puedan utilizar hasta que no exista una sentencia ya no admita un recurso judicial alguno.

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Por otra parte, Morena defendió que esta ley combatirá directamente la corrupción gubernamental así como las estructuras financieras del crimen organizado.

Entre los delitos que serán sujetos a la Ley de Extinción de Dominio está el huachicol, la trata de personas, el secuestro, el crimen organizado, la corrupción por parte de servidores públicos y el narcotráfico.

La Ley establece que, al acreditarse uno de esos delitos, el Ministerio Público solicitará a un Juez que emita una sentencia para que se pueda ejercer la extinción de dominio.

Una vez que el Estado decomise los bienes relacionados a ilícitos, podrá venderlos y obtener un beneficio económico a cambio, el cual será administrado por el Instituto para la Administración de Bienes y Activos, que deberá ser destinado exclusivamente a programas sociales.