Interponen recursos
Tojil, organización de la sociedad dedicada al litigio estratégico, interpuso diversos recursos y solicitudes de información ante el Poder Judicial de la Ciudad de México para acceder a las videograbaciones de audiencias penales, sobre todo en aquellas de mayor interés, vinculadas a posibles actos de corrupción.
A través de una tarjeta informativa, Tojil denunció que, pese a los esfuerzos por analizar el contenido que debería ser público, éste fue negado, por lo que recurrió al Instituto de Transparencia local y fue este organismo el que reconoció la necesidad de que el Poder Judicial capitalino atendiera la demanda.
“TOJIL promovió un primer juicio de amparo en el que un Juez de Distrito ordenó que, por un lado, el INFOCDMX dictara una nueva resolución en la que reiterara el incumplimiento parcial de obligaciones por parte del TSJCDMX y, por otro lado, resolviera con la debida fundamentación y motivación si el TSJCDMX está obligado a garantizar el acceso a los registros audiovisuales de todas las audiencias penales públicas”, se lee en el documento.
Además, Tojil interpuso una segunda demanda de amparo para hacer válido su derecho a la "máxima publicidad" en las audiencias.
En un informe de la organización México Evalúa se advierte que al no actualizar sus medidas sanitarias pese a la declaratoria de fin de la pandemia, el Poder Judicial capitalino no solo viola el principio de publicidad, sino que restringe el debido proceso y la vigilancia pública de los casos que ahí se desahogan.
“Esta violación al principio de publicidad es muy preocupante porque restringe el debido proceso de manera innecesaria en un momento en que los riesgos de la emergencia sanitaria ya no existen”, indica el documento titulado “Las audiencias judiciales virtuales en México después de la pandemia”.
México Evalúa además denuncia que el Poder Judicial local fue uno de los pocos órganos que se negaron a responder cuestionarios, solicitudes de colaboración o peticiones de información sobre la forma en que se llevan a cabo las audiencias públicas o digitales.
“Algunas personas litigantes de la Ciudad de México comentaron que el Poder Judicial ve con reticencia el uso de las videoconferencias, incluso para desarrollar audiencias en formato híbrido”, dice el estudio.
El abogado Alberto Woolrich asegura que estas limitaciones también vulneran el derecho de la sociedad a conocer el actuar de jueces, magistrados y ministerio públicos.
También evita un escrutinio público o vigilancia de posibles violaciones al debido proceso contra los imputados, independientemente si son responsables o no de algún delito, agrega.
"Estas medidas son arbitrarias e incoherentes y solo buscan proteger la institución” , sentencia el abogado.
